Lo que inició como una serie de suspensiones administrativas por parte de las autoridades de salud se ha transformado, en este inicio de 2026, en una ofensiva penal sin precedentes. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha dejado claro que la comercialización de vapeadores ya no es solo una falta administrativa, sino un delito perseguido de oficio.

Operativos simultáneos en el norte del estado

Tras el reciente aseguramiento de los establecimientos James Bong, The Big House y un local en la Av. 135, la fuerza pública ha enviado un mensaje contundente. Estos operativos, que resultaron en el decomiso de miles de dispositivos y la clausura total de los inmuebles, son solo la «punta del iceberg» de una estrategia estatal para erradicar el consumo de nicotina electrónica.

En Playa del Carmen, cabecera del municipio que este año consolida su nueva identidad oficial dejando atrás el nombre de Solidaridad, la vigilancia se ha extremado en la Quinta Avenida y zonas residenciales. La fiscalía ha confirmado que cuenta con una lista de objetivos que incluye tanto locales físicos como redes de distribución por aplicaciones de mensajería.

El nuevo marco legal de 2026

La severidad de estas acciones responde a las reformas penales que entraron en vigor este año. Las implicaciones para los dueños de estos negocios son ahora mucho más graves:

• Penas de cárcel: Las sentencias ahora pueden alcanzar hasta los 8 años de prisión por distribución masiva.
• Extinción de dominio: Existe la posibilidad de que los locales utilizados para este comercio ilegal sean sujetos a procesos de recuperación por parte del Estado.
• Delito contra la salud: La venta de estos productos se está homologando con la distribución de sustancias prohibidas de alta peligrosidad.

«No se trata solo de multas; vamos por la clausura definitiva y la responsabilidad penal de quienes suministran estos dispositivos a la población», declaró un vocero de la Fiscalía.

Un mercado en retirada

Mientras los operativos continúan, muchos locatarios en Playa del Carmen y Cancún han optado por retirar voluntariamente cualquier exhibición de accesorios relacionados para evitar el cateo de sus instalaciones. Sin embargo, la FGE advierte que las investigaciones basadas en denuncias anónimas y seguimiento digital siguen su curso.

Por. A.G. Información. expediente Quintanan Roo.