Lo que las autoridades estatales presentaron como un despliegue estratégico de seguridad se ha transformado en un polvorín social. La comunidad de Limones se encuentra hoy en el epicentro de una crisis que trasciende el orden público, donde el reclamo de seguridad se enfrenta a denuncias de intimidación, abusos de autoridad y un profundo conflicto por la tenencia de la tierra que arrastra heridas desde 2024.

Crónica de una incursión violenta

Desde las primeras horas de este domingo, la tranquilidad de la zona maya fue interrumpida por el estruendo de decenas de patrullas. Un contingente compuesto por agentes antimotines y elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) irrumpió en el poblado, desatando escenas de nerviosismo y tensión.

Según el testimonio de los habitantes, los agentes ingresaron a diversos domicilios sin presentar órdenes de cateo claras. Las denuncias ciudadanas apuntan a agresiones físicas y un uso excesivo de la fuerza contra familias trabajadoras que, afirman, no tienen vínculos con actividades ilícitas. «No buscan criminales, buscan quebrarnos el espíritu para que dejemos de defender lo que es nuestro», sentenció un poblador durante la movilización.

El fantasma del despojo y el antecedente de 2024

Para la comunidad, este operativo no es un hecho aislado, sino la continuación de una política de desplazamiento iniciada hace dos años. En 2024, el Gobierno Federal declaró más de 25,000 hectáreas como terreno nacional bajo la figura de «utilidad pública», una medida que afectó directamente a los ejidos de Bacalar y Limones en el contexto de los megaproyectos regionales.

Los ejidatarios sostienen que la «mano dura» de 2026 es una herramienta para consolidar aquel despojo. Al criminalizar a las comunidades y etiquetarlas bajo narrativas de inseguridad, el Estado facilitaría la toma de posesión física de tierras que legalmente siguen en disputa.

Bloqueos y resistencia civil

Ante la falta de respuestas claras de la FGE, la población respondió con dignidad y firmeza. Un bloqueo total sobre la carretera federal ha paralizado la circulación en el sur del estado, funcionando como la única medida de presión efectiva para exigir el cese a las arbitrariedades.

Aunque autoridades estatales intentaron establecer mesas de diálogo para disolver la protesta, los representantes comunitarios mantienen una postura inflexible ante lo que consideran «diálogos superficiales». La comunidad ha formalizado un pliego petitorio que incluye:

• Cese inmediato a los cateos ilegales y al hostigamiento de grupos antimotines en zonas habitacionales.
• Transparencia total sobre los objetivos de los operativos y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
• Respeto a la propiedad ejidal, frenando las políticas de expropiación que han lacerado la región desde 2024.

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Un futuro incierto

Mientras el silencio de las altas esferas gubernamentales alimenta la incertidumbre y los rumores extraoficiales, Limones permanece en alerta permanente. El conflicto deja en evidencia la fractura entre las políticas de seguridad del estado y los derechos de los pueblos originarios sobre su territorio.

El bloqueo carretero continúa, y con él, el grito de un pueblo que se niega a ser desplazado por intereses inmobiliarios o proyectos estatales impuestos. La moneda está en el aire, pero la unidad de la zona maya parece ser, hoy más que nunca, su principal defensa.

Por. A.G. Información El cotidiano.