La crisis de las personas en situación de calle en Quintana Roo ha alcanzado un punto crítico que las autoridades estatales prefieren no contabilizar. Mientras el discurso oficial se enfoca en el éxito turístico, en las banquetas de los principales municipios crece una población invisible que hoy sobrevive gracias a la voluntad de organizaciones civiles, las cuales ya se encuentran operando por encima de sus capacidades.

El registro civil: Una ventana a una crisis mayor

A falta de un censo gubernamental que abarque los 11 municipios del estado, los únicos datos reales provienen de la trinchera social. La asociación civil Cisvac, con presencia en Cancún y Playa del Carmen, reporta que diariamente reciben a un promedio de 12 mexicanos y 5 extranjeros que buscan refugio y apoyo para recuperar su identidad.

Estas cifras, sin embargo, no reflejan el panorama global de Quintana Roo. Representan únicamente a quienes logran localizar y trasladarse a los puntos de atención de esta organización. Con un albergue transitorio limitado a apenas 18 espacios, la realidad matemática es cruda: la demanda diaria iguala casi la capacidad total de resguardo, dejando a cientos de personas fuera de cualquier registro o ayuda en el resto de la entidad.

Un mosaico de causas sin diagnóstico estatal

A diferencia de las versiones que intentan simplificar el problema, la situación de calle en el estado no tiene un origen único. La realidad actual muestra una mezcla de factores que el gobierno ha ignorado:

• Colapso económico y despojos: Ciudadanos que, tras perder su empleo o propiedad, no pueden costear las rentas más altas del país.
• Salud mental y abandono familiar: Un sector creciente que deambula sin redes de apoyo ni acceso a instituciones psiquiátricas públicas.
• Crisis de identidad: Personas que al vivir en la calle pierden sus documentos y, por ende, su derecho a existir ante el sistema de salud o programas sociales.

La política de la «puerta cerrada»

Desde el ámbito político, el escenario es de abandono institucional. Las autoridades locales suelen deslindarse argumentando que la problemática es de competencia federal, lo que ha frenado la creación de un Centro de Recepción y Atención Integral estatal.

Mientras en municipios como Tulum, Cozumel o Chetumal no existen cifras claras ni infraestructura de apoyo, la carga recae totalmente en asociaciones civiles que hoy carecen de abasto suficiente. El vacío de información oficial sugiere una estrategia de invisibilización: lo que no se cuenta, no existe presupuestalmente.

Hacia un 2026 sin respuestas claras

La llegada de 17 personas diarias a un solo punto de auxilio en el norte del estado es una alerta de un fenómeno que podría ser exponencialmente mayor en todo el territorio quintanarroense. Quintana Roo enfrenta el reto de dejar de delegar su responsabilidad social a las asociaciones civiles y comenzar a diagnosticar una crisis humanitaria que ya no cabe en sus banquetas ni en sus pocos albergues.

Por. A.G. Información. Grupopiramide.