En un movimiento histórico que busca desterrar la corrupción del sector de la construcción, el Gobierno de Quintana Roo formalizó este miércoles un acuerdo de transparencia total que pone las llaves de la vigilancia en manos de la ciudadanía. A través de una alianza estratégica entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB), la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo (IQTP), el estado implementa un modelo de fiscalización en tiempo real único en el país.

El fin de las «obras fantasma» y los sobrecostos

Este convenio interinstitucional no es solo una firma de protocolo; establece una serie de obligaciones legales que las autoridades estatales y municipales deben cumplir de manera estricta:

• Fiscalización Digital Obligatoria: A partir de hoy, toda obra pública financiada con recursos del pueblo deberá contar con un Código QR visible en el sitio de construcción. Este código es la puerta de entrada a un expediente digital abierto donde el ciudadano podrá consultar:
  • Monto exacto de la inversión.
  • Nombre de la empresa constructora.
  • Calendario de ejecución (fechas de inicio y entrega).
  • Objetivo y beneficio social de la obra.
• Transparencia con Sentido Social: El IQTP, bajo la dirección de José Alberto Muñoz Escalante, obligará a las dependencias a abandonar el lenguaje técnico confuso. La información ahora debe ser clara, útil y accesible, diseñada para que cualquier ciudadano entienda cómo se está utilizando su dinero.
• Vigilancia Preventiva en Tiempo Real: La SABGOB, encabezada por Reyna Arceo Rosado, tendrá la facultad de auditar las obras mientras se ejecutan. Esto permite detectar irregularidades, materiales de baja calidad o desvíos antes de que la obra concluya, actuando como un freno inmediato a la corrupción.

Responsabilidad legal para los funcionarios

Un punto clave de este acuerdo fue la toma de protesta del Comité de Transparencia de la SEOP. Este órgano garantiza que ya no existan excusas para ocultar información. Los integrantes de este comité asumen la responsabilidad legal de proteger los datos personales y, al mismo tiempo, asegurar que toda la información pública sea entregada a quien la solicite, fortaleciendo la rendición de cuentas.

El pueblo como el máximo auditor

Durante el evento, los titulares destacaron que este modelo se alinea con el «Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo». El titular de la SEOP, José Rafael Lara Díaz, subrayó que este convenio refuerza el compromiso de realizar obras con una metodología estricta y bajo el escrutinio de los quintanarroenses.

El mensaje para el estado es contundente: Con esta herramienta, el gobierno pierde la capacidad de ocultar datos y el pueblo gana el poder de exigir que cada peso se traduzca en beneficios reales para sus comunidades.

Por. A.G. Información. Gobierno de Quintana Roo