Lo que empezó como un intento del Congreso de Guerrero y el Ayuntamiento de Chilpancingo por sacar dinero de donde no debían, hoy terminó oficialmente en el basurero de la historia legal. Tras meses de cobrar un impuesto «disfrazado» a las gaseras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó hoy en el Diario Oficial la sentencia que le pone fin a este abuso.
El «madruguete»
Todo comenzó a finales de diciembre de 2024. En ese entonces, los diputados del Congreso de Guerrero le dieron el «visto bueno» a la Ley de Ingresos que les mandó el municipio de Chilpancingo.
Sin tener permiso de la Constitución, se les hizo fácil incluir cobros por la «Venta de Gas LP». Desde el 1 de enero de 2025, el municipio ya tenía el permiso legal para ir con las empresas y exigirles dinero por cada litro o kilo de gas que vendieran. Básicamente, se inventaron un impuesto que solo le corresponde cobrar al Gobierno Federal.
Este acto fue un claro abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque tanto el Congreso local como el Municipio sabían (o debían saber) que el gas, el petróleo y la gasolina son temas «intocables» para los estados.
Al poner este impuesto, el municipio de Chilpancingo se comportó como si fuera un «pequeño país» independiente, ignorando que el Artículo 73 de la Constitución dice que solo la Federación puede mandar en materia de energía e hidrocarburos.
La pelea en la Corte
El Poder Ejecutivo Federal (la Presidencia) no se quedó de brazos cruzados y demandó a Guerrero ante la Suprema Corte (Controversia 48/2025). Durante casi todo el año pasado, mientras los ministros estudiaban el caso, el municipio pudo haber seguido cobrando o presionando a los comerciantes de gas.
Fue hasta octubre de 2025 que los ministros votaron y dijeron: «Esto es una invasión de funciones». La Ministra Loretta Ortiz fue clara: el municipio abusó de sus facultades al querer cobrar por algo que no le pertenece.
Aunque la decisión se tomó hace unos meses, es hasta hoy, 29 de enero de 2026, que se publica el documento completo en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué significa esto hoy?
- Se elimina el cobro: A partir de este momento, cualquier intento del municipio por cobrar ese impuesto al gas es un delito.
- Freno a los diputados: El Congreso de Guerrero queda «fichado» por la Corte para que no vuelva a aprobar leyes que intenten cobrar impuestos federales.
- Victoria para el consumidor: Al eliminar estos cobros ilegales, se evita que el precio del gas suba para las familias de Chilpancingo por culpa de un impuesto inventado.
En pocas palabras: El municipio de Chilpancingo y el Congreso de Guerrero se quisieron pasar de listos cobrando por el gas, aprovecharon el vacío legal durante meses, pero la Suprema Corte finalmente los obligó a dar marcha atrás y a borrar ese «impuesto fantasma».
Por. A.G. Información Diario Oficial de la federación.

