En una decisión trascendental para el pacto federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Acuña, Coahuila, que pretendían cobrar derechos por la operación de pozos de gas y plantas de energía renovable.

El fallo contra el «cobro por pozo»

Bajo la ponencia de la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, el tribunal declaró la invalidez del artículo 33, fracción XXII, de la ley estatal. Dicha norma establecía un cobro anual de $40,354.00 por cada unidad de extracción de gas (incluyendo el polémico gas shale) y por cada pozo de hidrocarburos, así como por la operación de centrales eólicas, solares y termoeléctricas.

La Corte determinó que el Congreso de Coahuila invadió facultades exclusivas de la Federación. Según la sentencia en la Controversia Constitucional 102/2025, el control técnico y económico sobre el petróleo, el gas y la electricidad corresponde únicamente al Gobierno Federal, y no a los municipios.

Un «derecho» que en realidad era impuesto

El tribunal desestimó el argumento de la autoridad local que defendía el cobro como una «licencia de funcionamiento». Los ministros señalaron que, al calcular el costo con base en el número de pozos o unidades de extracción, el municipio no estaba prestando un servicio administrativo, sino intentando gravar directamente la explotación de recursos nacionales.

«El Gobierno Federal mantendrá la propiedad y el control sobre las áreas estratégicas… lo que abarca todo lo concerniente al funcionamiento de establecimientos relacionados con hidrocarburos», dicta la sentencia publicada este 28 de enero de 2026.

Consecuencias inmediatas

Con esta resolución, el municipio de Acuña queda imposibilitado para realizar estos cobros. La invalidez surte efectos inmediatos tras la notificación al Congreso del Estado, lo que sienta un precedente jurídico para evitar que otros ayuntamientos del país intenten implementar gravámenes similares sobre la industria energética.

Expertos señalan que este fallo brinda certidumbre a las empresas del sector, que ahora cuentan con un «escudo» constitucional frente a la voracidad recaudatoria local en áreas de competencia federal.

Por. A.G. Información. Diairo oficial de la federación.