En un esfuerzo por frenar la creciente hostilidad contra los activistas del territorio en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció este martes el fortalecimiento de sus alianzas con organizaciones de la sociedad civil (OSC). El acuerdo busca establecer una hoja de ruta clara en materia de capacitación, prevención y coordinación institucional para garantizar la vida de quienes defienden los recursos naturales del país.

Durante una reunión de alto nivel sostenida el 26 de enero, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, subrayó que la protección de estos activistas es un pilar innegociable de la justicia ambiental.

«Defender el ambiente es defender la vida. No puede haber justicia ambiental sin proteger a quienes la hacen posible en los territorios», afirmó Bárcena ante representantes de 13 organizaciones clave.

Un cambio en la arquitectura institucional

El anuncio más relevante de este encuentro es la incorporación formal de la Semarnat a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob). Este paso administrativo es visto por expertos como una medida necesaria para que el sector ambiental tenga voz y voto directo en las medidas de seguridad urgentes que requieren las comunidades.

Entre los acuerdos alcanzados con el colectivo Espacio OSC destacan:

• Programa de capacitación especializada: Formación técnica en derechos humanos para el personal de la Semarnat y la Profepa.
• Ruta hacia la COP4: La creación de propuestas conjuntas que México presentará en la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, a celebrarse en abril de este año.
• Perspectiva de género: El compromiso explícito de transversalizar un enfoque que atienda los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras.

El contexto: Un panorama de alto riesgo

La urgencia de estas medidas no es menor. Según datos recientes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el año 2024 cerró con una cifra alarmante de 25 agresiones letales contra defensores, posicionando a sectores como la minería, el sector forestal y el agropecuario como los de mayor riesgo.

Entidades como Oaxaca, Chiapas y Michoacán continúan encabezando las listas de eventos de agresión, lo que pone a prueba la capacidad de respuesta de este nuevo acuerdo en las zonas donde el conflicto por la tierra y el crimen organizado convergen.

Voces de la sociedad civil

Las organizaciones participantes, entre las que figuran el CEMDA, Artículo 19, Serapaz y la Red TDT, reconocieron la voluntad política de la actual administración, pero enfatizaron la necesidad de que estos convenios se traduzcan en una reducción real de la impunidad y en recursos operativos para el Mecanismo de Protección.

Con este paso, el Gobierno de México busca llegar a la próxima cumbre regional de Escazú con una estructura institucional más robusta, intentando revertir la tendencia que ha colocado al país como uno de los más peligrosos del mundo para la defensa del patrimonio natural.

Por. A.G. Información, Secretaria de medio ambiente,