El sistema de justicia en el municipio de Solidaridad enfrenta una de sus crisis de credibilidad más severas. Diversos expedientes judiciales y testimonios directos han dejado al descubierto un presunto esquema de violencia institucional, donde la Fiscalía de la Mujer y los Juzgados Familiares son señalados por actuar en contubernio con agresores, utilizando la fabricación de delitos y la parálisis de carpetas de investigación como herramientas de control contra madres de familia.

La parálisis selectiva: El «archivo» como estrategia

Uno de los puntos más críticos revelados es la inacción de la Fiscalía de la Mujer en Playa del Carmen. El caso de Nashelli Gutiérrez Pérez es emblemático: su denuncia por violencia familiar ha permanecido estancada durante dos años, pasando por las manos de seis fiscales distintos.

Según la afectada, la carpeta fue archivada justo cuando estaba por judicializarse, desapareciendo declaraciones clave. Mientras las denuncias de las víctimas son ignoradas, las autoridades muestran una celeridad atípica para procesar a las mujeres cuando los agresores presentan denuncias —presuntamente falsas— por delitos como «corrupción de menores».

Fabricación de pruebas y falsificación de identidad

La denuncia escala al ámbito de los delitos federales. Se ha documentado el uso de actas de nacimiento apócrifas (donde se alteran apellidos de los menores, como el cambio de las iniciales A.A.G.P. a A.A.H.G.) para facilitar demandas de guarda y custodia. Estas maniobras, realizadas sin notificación personal a las madres, buscan arrebatar la custodia legal de manera irregular.

En el proceso penal contra Gutiérrez Pérez, se señala que la fiscalía utilizó testimonios montados para acusarla de consumir sustancias frente a su hija. Aunque un magistrado ordenó su desvinculación al detectar pruebas fabricadas, la víctima fue sometida a una orden de aprehensión y medidas cautelares que vulneraron su presunción de inocencia.

CECOFAM y el DIF: Espacios de revictimización infantil

Los centros de convivencia y resguardo también están bajo la lupa. Se han reportado incidentes alarmantes en el CECOFAM de Playa del Carmen, donde el personal administrativo presuntamente permite agresiones y la imposición de rituales religiosos (hechicería/santería) por parte de los agresores hacia los menores.

Asimismo, se cuestiona la actuación de jueces como Deyliana Avilés Demeneghi y Víctor Manuel Hernández Escalante, quienes, a pesar de existir evidencias de intentos de sustracción violenta —presenciados incluso por otros jueces como Martín Zavala—, mantienen regímenes de convivencia que exponen a las infancias.

Violencia económica y administrativa

La asfixia hacia las víctimas no se limita a los juzgados. Se denuncia que agresores que fungen como administradores de condominios en Playa del Carmen utilizan su posición para imponer multas arbitrarias (que superan los 80,000 pesos) y realizar cortes de servicios básicos como el agua, buscando el colapso financiero de las madres para forzarlas a ceder en sus procesos legales.

El silencio que protege al agresor

El caso de Nashelli no es el único. Madres de familia denuncian que agresores imputados por delitos graves, como abuso sexual infantil (caso del menor de 3 años hijo de Carlos Atanasio), logran evadir la justicia mediante amparos ante el Juzgado Cuarto de Distrito o dándose a la fuga tras no presentarse a cumplir prisiones preventivas dictadas en apelación.

Exigencia de limpia institucional

Bajo las consignas de «Justicia para la niñez» y «No más impunidad», colectivos como Madres Buscadoras de QRoo, Colectivo Femenil Xtabay y la Red de Víctimas Quintanarroense han hecho un llamado enérgico a la Gobernadora Mara Lezama y a la Presidenta Municipal Estefanía Mercado. La exigencia es clara: la infraestructura nueva de los edificios de justicia carece de valor si el personal humano sigue siendo susceptible a la corrupción y carece de empatía y perspectiva de género.

Para este viernes 30 de enero de 2026, se ha convocado a la ciudadanía a un acompañamiento presencial en los Juzgados de la Región 30, con el fin de vigilar que el debido proceso se cumpla y se ponga fin a la criminalización de las madres que luchan por proteger a sus hijos de la violencia vicaria

Por. A.G. Información Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo