La creciente tensión entre ciudadanos y el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) ha escalado de la queja vecinal a un debate jurídico de fondo. Mientras el instituto justifica sus retenes en la zona de Costa Mujeres y Cancún como labores de «inspección», el análisis de la jurisprudencia federal revela que estos operativos podrían estar incurriendo en abuso de autoridad al violar derechos humanos fundamentales.
El engaño de la «multa» administrativa
El conflicto principal radica en que el IMOVEQROO utiliza su reglamento estatal como un escudo para realizar actos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha limitado estrictamente. Bajo la jerarquía de leyes en México, las sanciones derivadas de detenciones arbitrarias no son ejercicio de autoridad, sino vulneraciones a la seguridad jurídica.
- Actos de molestia sin fundamento: El Artículo 16 constitucional prohíbe que cualquier autoridad moleste a un ciudadano en su persona o bienes sin una orden escrita. La SCJN ha establecido que la «inspección de vehículos» no puede ser aleatoria ni sistemática si no existe una sospecha razonable de la comisión de un delito o una infracción flagrante.
- Falsas Sanciones: Juristas señalan que las multas impuestas en estos retenes nacen de un «fruto viciado». Si la detención inicial es ilegal (por no tener orden escrita ni causa justificada), cualquier sanción económica posterior es jurídicamente nula.
El análisis de la suprema corte
La Suprema Corte ha sido clara en diversos criterios (como la tesis sobre Controles Preventivos Provisionales): la autoridad no puede detener a un conductor «solo para revisar papeles» de forma caprichosa.
Para que un filtro sea legal, debe cumplir con:
- Finalidad específica: No puede ser «a ver qué sale».
- Temporalidad: No pueden ser filtros permanentes que bloqueen el libre tránsito (Art. 11).
- Proporcionalidad: La molestia al ciudadano debe ser mínima y justificada por un riesgo real.
La responsabilidad de los funcionarios
La ciudadanía ha señalado directamente a Candelaria Hernández Peniche y al supervisor Alejandro Aguayo por permitir que el personal operativo actúe fuera de este marco constitucional. Al ejecutar actos de molestia que contravienen la Constitución Federal, los funcionarios podrían incurrir en responsabilidad administrativa y penal por abuso de autoridad.
El camino del amparo
Ante lo que se considera un atropello a la clase trabajadora, expertos legales sugieren que los afectados no solo deben denunciar públicamente, sino recurrir al Juicio de Amparo. Este recurso es la única herramienta que tiene el ciudadano para obligar a una autoridad local (como el IMOVEQROO) a someterse a la Constitución Mexicana, invalidando así las multas y los procedimientos sancionatorios.
La advertencia ciudadana de iniciar manifestaciones es el reflejo de una sociedad que, aunque no sea experta en leyes, percibe que la autoridad estatal está intentando imponer un reglamento local por encima de la Carta Magna, la ley suprema del país.
Por. A.G. Información. Impacto QR.
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