En un contundente ejercicio de control constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha frenado un abuso de autoridad del Congreso del Estado de Colima. Mediante una resolución de carácter federal, el máximo tribunal del país invalidó los cobros excesivos por copias certificadas que la legislatura estatal impuso, calificándolos como una violación directa a la Constitución Mexicana.

La sentencia, publicada este 22 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, es el resultado de una demanda interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este fallo representa un límite impuesto por la Federación contra los intentos del gobierno estatal por lucrar de manera desproporcionada con los trámites ciudadanos.

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El freno de la Federación ante el abuso estatal

El conflicto legal, bajo el expediente de la Acción de Inconstitucionalidad 9/2024, puso bajo la lupa el artículo 62 Bis 3 de la Ley de Hacienda de Colima. Los ministros determinaron que el Congreso local cometió actos ilegales al fijar tarifas que no tienen sustento en la realidad económica:

• El abuso: El estado pretendía cobrar $113.14 pesos por la primera hoja de una copia certificada.
• La ilegalidad: La Corte determinó que este monto es un «cobro inflado» que excede por mucho el costo del papel y la tinta, violando el principio de proporcionalidad tributaria.
• El impacto: Al tratarse de expedientes ambientales, el cobro excesivo impedía que los ciudadanos ejercieran su derecho a la información y a la transparencia.

Un llamado al orden por «mala conducta» legislativa

Lo más relevante de esta sentencia es que la Suprema Corte no se limitó a anular la ley, sino que emitió un exhorto (llamado de atención formal) a los diputados de Colima. El tribunal federal detectó que el Congreso estatal ha incurrido en una «conducta reiterada» de legislar con tarifas abusivas, ignorando sentencias previas.

Con este fallo, la justicia federal reafirma su papel como árbitro y protector de los ciudadanos, dejando claro que ningún estado puede imponer cargas económicas arbitrarias que pasen por encima de la Constitución Federal.

Por. A.G. Información. Diario Oficial De La Federación.