En un país que se posiciona como la economía número 13 del mundo y alberga a más de 132 millones de habitantes, la eficiencia de su maquinaria gubernamental es, más que una necesidad administrativa, un imperativo democrático. Sin embargo, a más de dos décadas de la creación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), la profesionalización de los servidores públicos en México enfrenta un panorama de claroscuros, marcado por avances legislativos y persistentes prácticas de discrecionalidad.

Un sistema bajo la lupa: El espejismo del mérito

La promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 2003 fue recibida como un hito para institucionalizar el mérito en la Administración Pública Federal (APF). No obstante, tras 23 años, los resultados son limitados. Uno de los puntos más críticos señalados es el uso «perverso» del Artículo 34 de dicha ley.

Este artículo permite nombramientos temporales en casos excepcionales (desastres o riesgos sociales), pero en la práctica se ha convertido en una puerta trasera para la politización. Según investigaciones, entre 2004 y 2012, cerca de 20,000 plazas fueron ocupadas bajo este esquema; de ellas, el 90% de los concursos posteriores fueron ganados por quienes ya ocupaban el puesto temporalmente, lo que sugiere procesos de ingreso diseñados a la medida.

• Corrupción continua: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado actos tildados de ilegales en los Comités Técnicos de Selección, incluyendo el uso de vetos injustificados y exámenes elaborados por las mismas áreas que tienen la vacante, facilitando la filtración de reactivos.
• Deserción y vacíos: Entre 2004 y 2021, el 30% de los concursos (más de 25,000) se declararon desiertos, una cifra que refleja las fallas en el sistema de captación de talento.

El laberinto de los estados y municipios

Si a nivel federal el sistema es frágil, en el resto de los órdenes de gobierno el panorama es alarmante. Aunque entidades como la Ciudad de México, Aguascalientes o Quintana Roo cuentan con leyes en la materia, muchas de ellas no operan o han quedado truncadas ante los cambios de administración estatal.

En el ámbito municipal, la profesionalización es «casi inexistente». Un censo del INEGI reveló que solo el 7.2% de los municipios en México afirma tener un marco regulatorio para el servicio de carrera, y de estos, ninguno opera plenamente como tal. El resultado es una burocracia vulnerable a presiones políticas y carente de continuidad técnica cada tres años.

Las «Islas de Éxito»: ¿Qué sí funciona?

A pesar de las sombras, existen modelos que demuestran que la profesionalización es posible. La ASF identifica instituciones que han logrado consolidar sistemas robustos basados en el mérito, la formación constante y la baja rotación de personal:

1. Servicio Exterior Mexicano (SRE): Considerado el más consolidado con un 99.3% de efectividad.
2. Servicio Profesional Electoral (INE): Con un nivel de consolidación del 97%.
3. Banco de México e INEGI: Destacan por sus procesos de reclutamiento técnicos y una política institucional definida que trasciende los cambios de gobierno.

Hacia una Ley General: La propuesta de fondo

El análisis académico concluye que México requiere una Ley General del Servicio Profesional de Carrera. A diferencia de las leyes actuales que actúan de forma aislada, una Ley General permitiría articular los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) bajo principios comunes de transparencia, capacidad técnica y mérito.

En un entorno latinoamericano donde países como Chile, Brasil y Costa Rica lideran el desarrollo del servicio civil, México se mantiene en un nivel intermedio. El reto para la actual administración y las futuras legislaturas es transformar estas «islas de profesionalización» en un sistema nacional que garantice que quien atienda al ciudadano sea el más capaz, y no el más cercano al poder.

Por. A.G. Información.