En las últimas dos décadas, México ha transitado por un laberinto legislativo y social en la búsqueda del reconocimiento de la identidad de género. Aunque el derecho a la personalidad jurídica es un estándar internacional, el camino hacia su plena vigencia en territorio mexicano ha sido desigual, marcado por hitos históricos, activismo resiliente y una creciente polarización política y social.

Un Mosaico Legislativo: 22 Estados a la Vanguardia

A pesar de la ausencia de un marco legal federal unificado, 22 entidades federativas han tomado la iniciativa de reformar sus códigos civiles y familiares. Estas reformas permiten hoy que las personas trans modifiquen sus actas de nacimiento mediante trámites administrativos simples, eliminando la patologización de sus identidades al no exigir diagnósticos médicos, intervenciones quirúrgicas o terapias hormonales para validar quiénes son.

El cronograma de este avance es revelador:

• Ciudad de México (2008): Pionera en el país. Lo que inició como una batalla en tribunales a través de amparos, culminó en una reforma que reconoció por primera vez las múltiples expresiones de la sexualidad.
• Michoacán y Nayarit (2017): Estados que consolidaron procesos administrativos ágiles para garantizar la libertad de expresión y una vida libre de discriminación.
• Jalisco y Coahuila (2018): Jalisco se posicionó como uno de los estados más progresistas al emitir decretos que protegen incluso a las infancias trans y sancionan las mal llamadas «terapias de conversión».
• Consolidación Nacional (2019-2023): Estados como Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Hidalgo y Zacatecas se sumaron a la tendencia, adaptando sus leyes para permitir la concordancia sexo-genérica en documentos oficiales.

La «Ley Agnes»: El Rostro del Activismo en Puebla

No todos los avances han sido pacíficos. El caso de Puebla permanece como un recordatorio de los costos personales del activismo. La aprobación de la denominada «Ley Agnes» en el estado fue precedida por el brutal asesinato de Agnes Torres, una psicóloga y activista trans cuya lucha fue el motor para que, una década después, se reconociera legalmente el derecho a la identidad en la entidad.

Las «Grietas» del Sistema: Controversias y Desafíos

El reporte académico de Donoso y Hernández (2025) advierte que el reconocimiento de la identidad de género no está exento de tensiones críticas:

1. Fraude Electoral y Paridad de Género: Se han documentado casos alarmantes de «usurpación de identidad» con fines políticos. En Oaxaca (2018), 17 hombres pretendieron registrarse como mujeres trans para cumplir cuotas de paridad. En las elecciones de 2024 en Michoacán, al menos ocho hombres electos como presidentes municipales fueron investigados tras registrarse bajo esta misma modalidad, lo que las autoridades electorales calificaron como una violación flagrante a las acciones afirmativas para mujeres.
2. Debate Feminista: Colectivos del feminismo radical y antirracista han expresado preocupaciones sobre cómo la autoidentificación podría impactar en los espacios seguros para mujeres biológicas y en la precisión de las estadísticas de violencia de género.

Un Derecho Humano Universal bajo la Lupa

A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han sido claras: el Estado debe garantizar que las personas puedan ajustar su nombre e imagen en registros civiles sin requisitos discriminatorios. En México, aunque 20 de los 32 estados han reformado sus leyes, persisten limitaciones: solo siete estados permiten el trámite para menores de edad y apenas tres reconocen expresamente las identidades no binarias.

El desafío para México en 2026 sigue siendo la universalización de estos derechos frente a un sistema legal que, si bien ha avanzado, aún presenta lagunas procesales que permiten abusos y dejan a sectores de la población trans en la vulnerabilidad jurídica.

Por. A.G. Información. Revista de Filosofía, Letras y Humanidades.