En un movimiento que redefine la administración de los recursos públicos destinados a la investigación en México, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) ha oficializado una profunda reforma a las reglas de operación del Programa Presupuestario F003.
Este programa, motor de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), entra en una fase de «tolerancia cero» a la opacidad, imponiendo controles digitales estrictos y una vigilancia financiera sin precedentes sobre universidades, centros de investigación y empresas privadas.
Un blindaje jurídico a la innovación nacional
El acuerdo, firmado por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, no es una simple actualización administrativa. Representa la armonización operativa con la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Las modificaciones a los artículos 2, 17, 24, 35, 41 y 47 establecen que cualquier apoyo económico —ya sea mediante Convenios de Asignación de Recursos (CAR) o de Colaboración (CDC)— estará sujeto a una trazabilidad absoluta.
El núcleo de esta transformación es la plataforma Rizoma, que se convierte en el único canal de gestión. Ningún beneficiario podrá recibir o mantener apoyos si no mantiene su registro actualizado en este sistema, el cual centraliza la información del Sistema Nacional de Información.
El fin de la discrecionalidad financiera: Las nuevas obligaciones
Uno de los puntos más críticos para la comunidad científica y el sector privado se encuentra en el nuevo Artículo 41. La Secihti ha establecido un esquema de comprobación de gastos que deja poco margen al error:
- Fiscalización total del gasto: El 100% del gasto de inversión debe estar acreditado obligatoriamente con comprobantes fiscales (CFDI).
- Restricción a recibos simples: Se permite solo un 20% de gasto corriente bajo comprobantes simples, una medida que busca reducir las fugas de capital en servicios menores.
- Auditorías externas y anticorrupción: Los informes financieros finales ahora deberán contar con el dictamen de un despacho externo aprobado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, eliminando la auto-validación de recursos.
El «Candado del 20%»: Control sobre las modificaciones
La reforma introduce un candado de seguridad para evitar que los proyectos se desvíen de su objetivo original. Según el Artículo 35, si un proyecto requiere cambios financieros que acumulados representen más del 20% de su presupuesto total, el beneficiario ya no podrá gestionarlo de forma interna; requerirá la aprobación explícita del Comité Técnico y de Administración (CTA).
Incluso para cambios menores, la solicitud deberá presentarse con al menos 15 días hábiles de antelación. Bajo ningún supuesto se considerará autorizada una modificación sin el visto bueno expreso de la Secretaría Técnica.
Ciencia abierta y soberanía: El compromiso social
Más allá de lo administrativo, la nota destaca el enfoque social del programa. Los beneficiarios están obligados a publicar sus hallazgos y bases de datos en el Repositorio Nacional de la Secihti. En caso de manejar datos personales, se deberá seguir un proceso de disociación estricto.
La normativa subraya que los recursos se destinarán de manera preponderante a proyectos relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y temas de interés público considerados en la Agenda Nacional.
«El Estado garantizará el acceso abierto a la información… para contribuir al desarrollo integral y sostenible del país, al bienestar de las generaciones presentes y futuras», dicta el considerando del acuerdo.
Sanciones y devoluciones: El costo del incumplimiento
El Artículo 47 es tajante: cualquier recurso ministrado y no ejercido, o aquel que se haya gastado en contravención a los lineamientos, deberá ser devuelto íntegramente a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que se hubieran generado.
Los beneficiarios tienen la obligación de resguardar la documentación original por un periodo de cinco años y deberán responder a cualquier requerimiento de la autoridad en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Análisis final: ¿Qué significa esto para el sector?
Esta reforma marca la consolidación de la Secihti como un ente con facultades de fiscalización reales. La integración con la Secretaría Anticorrupción y la obligatoriedad de la plataforma Rizoma sugieren que el gobierno busca erradicar la burocracia opaca. Para los investigadores, el reto ahora no solo será el rigor científico, sino una gestión contable de precisión quirúrgica.
Por. A.G. Información. Diario Oficial de la Federación.
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