En un golpe contundente contra las irregularidades en la obra pública, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció la inhabilitación oficial de tres empresas del sector privado. A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), se notificó a todas las dependencias federales, estatales y municipales que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con estas entidades.

Las empresas sancionadas

Las compañías que han quedado fuera del padrón de proveedores y contratistas del Estado son:

1. Once Cero Nueve 92, S.A. de C.V. (Expediente SAN/013/2025)
2. Quality Roads de México, S.A. de C.V. (Expediente SAN/024/2025)
3. Sofman, S.A. de C.V. (Expedientes SAN/027/2025 y SAN/043/2025)

Esta última, Sofman, S.A. de C.V., destaca por acumular dos procesos sancionatorios distintos publicados en la misma fecha, lo que refuerza el escrutinio sobre sus operaciones recientes.

Alcance y duración de la sanción

De acuerdo con las circulares 001/2026 a la 004/2026, firmadas por la Mtra. María Guadalupe Vargas Álvarez, Directora General de Controversias y Sanciones, el castigo consiste en una inhabilitación de 18 meses. Esta restricción entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y su registro en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Un detalle crucial de esta resolución es la cláusula de pago. La autoridad advirtió que, si al finalizar el plazo de año y medio las empresas no han liquidado las multas económicas impuestas, la inhabilitación subsistirá de manera indefinida hasta que se compruebe el pago correspondiente ante el erario.

Fundamento legal y excepciones

La medida se fundamenta en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas a finales de 2024.

Es importante señalar que la circular aclara que los contratos que ya se encuentran formalizados y en ejecución con estas empresas no se verán afectados, permitiendo la conclusión de las obras en curso para no perjudicar el interés público o la infraestructura ya iniciada. Sin embargo, ninguna de estas firmas podrá participar en nuevas licitaciones, ya sea de forma directa o por «interpósita persona».

Con este movimiento, la Secretaría Anticorrupción envía un mensaje claro a los contratistas del sector construcción sobre el estricto cumplimiento de las normativas vigentes en la ejecución de obra pública en el país.

Por. A.G. INFORMACIÓN. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.