En lo que representa el primer gran sismo regulatorio del 2026, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha oficializado el fin del control de precios máximos en eslabones críticos de la cadena del Gas LP. A través de un acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo deja insubsistente la metodología de topes de precio para bodegas de expendio y estaciones de servicio.

Esta medida no es una elección política opcional, sino el resultado de una derrota jurídica del Estado. Tras años de litigios, diversas empresas gaseras ganaron amparos definitivos, obligando a la nueva CNE a liberar los precios en los puntos donde el ciudadano acude directamente a llenar su tanque.

El análisis: ¿A quién favorece realmente?

La pregunta que inunda las redes sociales es clara: ¿Gana el pueblo o ganan las empresas? La respuesta técnica es que, aunque el beneficio inmediato es para el sector privado, el argumento legal apunta a una estabilidad de largo plazo.

1. Victoria inmediata para el sector empresarial

No hay matices: esta es una victoria total para las empresas comercializadoras. Al ganar los amparos, recuperan el control de sus márgenes de ganancia. Para los dueños de estaciones de servicio, esto significa «oxígeno financiero», pues argumentaban que el precio máximo fijado por el gobierno desde 2021 les impedía cubrir sus costos de operación y mantenimiento, llevándolos al borde de la quiebra.

2. El dilema del «pueblo»: Seguridad vs. Costo

Para el consumidor final, el impacto es agridulce y depende de cómo se mire:

• En Contra: Se pierde el «escudo» legal. En zonas donde no hay mucha competencia, los dueños de las bodegas ahora tienen libertad para subir el precio, afectando principalmente a las familias de menores ingresos que no compran a domicilio y cargan sus cilindros a pie.
• A Favor: Se garantiza el suministro. El cierre de estaciones por falta de rentabilidad habría provocado desabasto. Con esta medida, el gobierno asegura que el servicio siga existiendo. Además, en teoría económica, la libertad de precios debería obligar a las gaseras a competir entre ellas, bajando los costos para atraer clientes.

El «Freno» que aún queda vigente

Para evitar una crisis de pánico, es vital aclarar que el Estado no ha soltado todas las riendas. El gas a domicilio (pipas y camiones repartidores), que es el de mayor consumo nacional, sigue sujeto a precios máximos. La CNE ha advertido que vigilará con lupa cualquier intento de «colusión» o acuerdos por debajo de la mesa entre empresas para inflar precios artificialmente en las estaciones liberadas.

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Estamos ante el fin de una era de control absoluto. Hoy las empresas recuperan su libertad comercial, y el pueblo queda bajo la protección de la «mano invisible» del mercado en las estaciones de servicio. La moneda está en el aire: si hay competencia real, los precios bajarán; si no la hay, el consumidor sentirá el peso de la sentencia judicial en su cartera.

Por. A.G.Información. Diario Oficial de la Federación.