En México, la figura del gobernador ha sido históricamente asociada a un poder casi absoluto en su territorio. El presente reporte, basado en el análisis de las últimas cuatro transiciones en los 32 estados del país (128 casos), revela una realidad sistémica: la alternancia política (cambiar de partido) funciona como un desahogo para el hartazgo ciudadano, pero no siempre se traduce en justicia penal. Mientras la corrupción evoluciona en redes complejas de desvío de recursos, el sistema de auditoría y los Congresos locales operan con una lentitud que garantiza que el castigo, si llega, sea solo una «autopsia política» realizada cuando el dinero ya ha desaparecido.

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LISTA DE GOBERNADORES SEÑALADOS

A continuación, se desglosan los nombres propios que el autor identifica para dar rostro a la estadística de los 128 analizados:

1. Gobernadores Detenidos o en Proceso Penal (Los 13 «Emblemas»)

Este grupo representa apenas el 10% de la muestra, confirmando que la cárcel es la excepción:

• Javier Duarte de Ochoa (Veracruz): Desvío de 60,000 mdp y uso de medicinas falsas.
• Roberto Borge Angulo (Quintana Roo): Peculado y venta irregular de patrimonio estatal.
• Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit): Operaciones con recursos ilícitos y nexos criminales.
• Andrés Granier Melo (Tabasco): Peculado y derroche de lujos personales.
• César Duarte Jáquez (Chihuahua): Desvíos millonarios y red de corrupción.
• Tomás Yarrington (Tamaulipas): Vínculos con el crimen organizado.
• Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas): Enriquecimiento ilícito.
• Jaime Rodríguez «El Bronco» (Nuevo León): Delitos electorales y peculado.
• Guillermo Padrés Elías (Sonora): Defraudación fiscal y lavado de dinero.
• Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo): Antecedente histórico por narcotráfico.
• Jorge Juan Torres López (Coahuila): Vinculado a la megadeuda de Coahuila.
• Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes): Defraudación fiscal.
• Pablo Salazar Mendiguchía (Chiapas): Peculado y asociación delictuosa.

2. Prófugos y Casos de Alta Montaña Financiera

• Ney González Sánchez (Nayarit): Prófugo; 54 propiedades aseguradas (algunas de 700 mdp).
• Humberto Moreira Valdés (Coahuila): Deuda estatal de 323 mdp a 36,000 mdp.
• Fidel Herrera Beltrán (Veracruz): Señalado por nexos con grupos delictivos.

3. Sancionados por Auditoría y Juicios Políticos

• Mario Anguiano Moreno (Colima): Multa histórica de 515 mdp.
• Rolando Zapata Bello (Yucatán): 31 denuncias penales por irregularidades financieras.
• Félix González Canto (Quintana Roo): Remate ilegal de 165 predios estatales.
• Miguel Ángel Yunes Linares (Veracruz): Denunciado por desvío de 36,000 mdp.
• Graco Ramírez (Morelos): Cuatro juicios políticos por contratos inflados de artistas.
• Ignacio Peralta Sánchez (Colima): Juicio político por bancarrota estatal.
• Arturo Núñez Jiménez (Tabasco): Caso del «helicóptero fantasma».
• José Calzada Rovirosa (Querétaro): Desfalco de 73 mdp de fondos federales.
• Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas): Lavado de dinero y delincuencia organizada.

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DATOS CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN

• El Efecto de la Doble Alternancia: En casi el 33% de los estados, el votante castigó a un partido por corrupción, pero el partido sucesor también falló, obligando a un segundo cambio de partido en la siguiente elección.
• La Trampa del Congreso: Si el partido del gobernador controla el Congreso Local, las denuncias no prosperan. La justicia solo avanza cuando existe una oposición real que utiliza las auditorías como herramienta de presión.
• Asincronía Informativa: Los ciudadanos votan con información vieja. Las pruebas de corrupción real suelen salir a la luz entre 2 y 4 años después de que el gobernador dejó el cargo.

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El 90% de los señalados escapa a la justicia

La investigación arroja una cifra que define la era política actual: de una muestra de 128 gobernadores, solo 13 han sido aprehendidos. A pesar de las auditorías que documentan desvíos por miles de millones de pesos, la probabilidad de que un gobernador corrupto termine en prisión es apenas del 10%.

Los casos más críticos mencionados:

• Javier Duarte (Veracruz): El emblema del desvío con 60,000 mdp.
• Roberto Borge (Quintana Roo): Detenido por delincuencia organizada y remate de patrimonio estatal.
• Andrés Granier (Tabasco): Sentenciado tras exhibir un estilo de vida de lujos extremos frente a una administración en quiebra.

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EL MECANISMO: ¿Cómo se protege la corrupción?

El estudio identifica que el problema no es la falta de detección, sino la «Asincronía Informativa». Las auditorías (como las de la ASF) suelen publicar sus hallazgos años después de que el gobernador cometió el ilícito. Para cuando el ciudadano se entera de la verdad informativa, el gobernador ya dejó el cargo o el partido ya nombró a un sucesor.

El rol de los Congresos Locales: El documento es tajante: los diputados locales han fallado en su labor de vigilancia. Cuando el gobernador tiene mayoría partidista en el Congreso, los legisladores actúan como un «escudo de impunidad», aprobando cuentas públicas con irregularidades evidentes para proteger a sus correligionarios.

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EL EFECTO ELECTORAL: La trampa de la «Doble Alternancia»

El hartazgo ciudadano ha generado un fenómeno recurrente: la Doble Alternancia. En casi un tercio de los estados, los ciudadanos votaron por un cambio de partido para castigar la corrupción, pero el nuevo gobierno resultó igual o más corrupto, obligando a los votantes a cambiar nuevamente de color en la siguiente elección.

Este ciclo de desilusión explica el ascenso de nuevas fuerzas políticas (como Morena o Movimiento Ciudadano) en estados que antes eran bastiones inamovibles del PRI o el PAN.

CONCLUSIÓN

La investigación del Dr. Piedra Ascencio demuestra que México padece una «impunidad selectiva». De los 128 gobernadores analizados, la inmensa mayoría goza de una jubilación tranquila gracias al blindaje legislativo local y a la lentitud de los procesos de fiscalización. El «voto de castigo» es una herramienta poderosa para expulsar partidos del poder, pero es insuficiente para recuperar el dinero desviado o garantizar que los responsables enfrenten consecuencias penales. Para romper el ciclo, es imperativo que las auditorías sean en tiempo real y que los Congresos dejen de actuar como escudos partidistas.

Por. A.G. Información: Piedra Ascencio, R. I. (2025). El voto de castigo por corrupción en los gobiernos estatales de México. Electorema, 2(3), 1-35. https://doi.org/10.70341/ieeg.electorema03.2025a2