Leona Vicario, Puerto Morelos, Quintana Roo.- Un productor agrícola identificado como Alberto Muñoz Canché de la zona indígena de Leona Vicario denunció públicamente una serie de presuntos actos de despojo, amenazas, fraude y abuso de influencias, que —de acuerdo con su testimonio— se habrían cometido durante más de dos décadas en terrenos de la supermanzana 160, actualmente en disputa legal.

El testimonio de Alberto Muñoz Canché, quien afirma ser posesionario de buena fe desde 1999 del predio identificado como Lote 1-C, manzana 1, SM 160, constituye una prueba testimonial que da cuenta de hechos que, si bien no han sido judicialmente determinados, describen un posible patrón de irregularidades en el manejo de tierras de vocación agrícola en esta región del municipio de Puerto Morelos.

Muñoz Canché sostiene que recibió la parcela hace 29 años de manos de Santiago Felipe Martínez Tenorio, entonces conocido en la zona como supuesto “líder agrario” y exfuncionario del gobierno del estado, quien —según el denunciante— prometió gestionar la regularización legal de los predios ante instancias estatales. Bajo esa promesa, decenas de campesinos habrían entregado cuotas semanales que iban de 50 hasta mil pesos, además de aportaciones extraordinarias para “agilizar trámites” y supuestos acercamientos con funcionarios públicos.

De acuerdo con el relato, dichas gestiones nunca se concretaron, pese a que los campesinos fueron informados reiteradamente de avances inexistentes. El denunciante asegura que incluso se constituyeron cooperativas con el argumento de acceder a apoyos gubernamentales, los cuales —según su dicho— habrían sido utilizados en beneficio personal del propio Martínez Tenorio, incluyendo la venta irregular de insumos como hornos de carbón y plantas maderables.

Presunta venta del predio y amenazas

El testimonio señala que en noviembre de 2012, Martínez Tenorio le habría exigido desalojar la parcela bajo el argumento de que el terreno ya había sido vendido a “políticos”, advirtiéndole que, de no hacerlo voluntariamente, sería desalojado por la fuerza. Muñoz Canché refiere que para entonces ya había invertido más de una década de trabajo, con cultivos permanentes, infraestructura hidráulica, cercado, construcciones rústicas y una plantación frutal diversa que constituía su único sustento económico.

Posteriormente, afirma haber sido víctima de actos violentos como la quema de palapas, destrucción de accesos y arrasamiento de sembradíos con maquinaria pesada, presuntamente ejecutados por grupos numerosos de personas. Dichos hechos —según su versión— habrían sido ordenados por Artemio Santos Santos, señalado como funcionario estatal, en conjunto con actuarios judiciales, quienes incluso habrían colocado mantas de “prohibido el paso”.

Litigio civil y presuntas irregularidades procesales

En enero de 2013, Muñoz Canché recibió una demanda de reivindicación radicada en el Juzgado Civil de Primera Instancia (expediente 0037/2013), promovida inicialmente por Martínez Tenorio como apoderado legal de supuestos propietarios: Luis Calderón Pérez y/o José Calderón, así como otras personas vinculadas, entre ellas Jorge Francisco Lozano Salazar, residente en el Estado de México.

El denunciante subraya que ninguno de los pobladores conoce a estos presuntos dueños, por lo que cuestiona si se trata de prestanombres o de adquisiciones realizadas sin deslinde previo. Afirma además que, durante el juicio, no se acreditó oportunamente la propiedad, y que los documentos habrían sido presentados tiempo después, ya con inscripciones recientes, lo que a su juicio evidencia una manipulación del proceso mediante influencias políticas.

Actualmente, Muñoz Canché señala que enfrenta tres procesos legales según información de su abogado Víctor Romero, tanto en juzgados civiles como ante el Ministerio Público, sin que —según su dicho— se haya respetado el debido proceso ni sus garantías individuales.

Llamado a investigar y proteger a campesinos

El testimonio también advierte que otros parcelarios de la zona habrían sido intimidados y obligados a abandonar sus tierras bajo esquemas similares, sin atreverse a denunciar por temor a represalias, en una región donde —afirma— ningún posesionario cuenta con título de propiedad, al tratarse de terrenos nacionales.

Finalmente, el denunciante responsabiliza públicamente a Santiago Felipe Martínez Tenorio y Artemio Santos Santos de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia, ante la persistencia de amenazas, y hace un llamado a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se ponga fin a presuntos abusos contra población campesina vulnerable.

La información aquí expuesta se basa exclusivamente en el testimonio del denunciante, por lo que los hechos descritos deben entenderse bajo el principio de presunción, en tanto las autoridades judiciales no determinen responsabilidades legales.