Tulum, Q. Roo.- El alcalde de Tulum, el regiomontano Diego Castañón se convirtió en tendencia nacional tras hacer declaraciones contradictorias sobre el acceso a las playas del municipio, que dejaron en evidencia la ambigua situación que viven turistas y locales entre el dominio público y los servicios privados.
En un video junto al propietario del beach club Eufemia, el edil quiso tranquilizar a la ciudadanía afirmando que «las playas de Tulum son de acceso libre para todos». Sin embargo, en la siguiente frase, añadió un matiz que desató la polémica: «Pero una vez en la playa, el consumo en los establecimientos de hospedaje es obligatorio para poder hacer uso de las áreas».
Esta aparente contradicción entre «acceso libre» y «consumo obligatorio» fue recibida con una ola de burlas y críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron de absurdas sus palabras al prohibir el acceso de la gente con sombrillas, alimentos y bebidas.
La Confusión del Ciudadano: ¿Pública o Privada?
La declaración del alcalde ejemplifica perfectamente la confusión que usted menciona. Mientras que en una playa pública tradicional cualquier persona tiene la libertad de llevar su propia sombrilla, sus alimentos y bebidas, el modelo que se promueve en partes de Tulum obliga a los visitantes a pagar por estos servicios para poder ocupar un espacio.
Este modelo choca frontalmente con la Ley Federal de Zona Federal Marítimo Terrestre, que establece que las playas son bienes de dominio público de la nación y su acceso es irrestricto. Lo que los hoteles tienen es una concesión para prestar servicios (como hamacas o restaurantes), pero no para privatizar la arena o el mar.
Especialistas y Ciudadanos Reaccionan
Ante la polémica, expertos en derecho ambiental han señalado que la condición de «consumo obligatorio» para permanecer en una porción de arena es, en la práctica, una forma de restringir el acceso libre y gratuito, creando una «playa privada» de facto.
Hasta el momento, la oficina del alcalde no ha emitido una aclaración sobre sus declaraciones, que han puesto el foco nacional sobre el eterno conflicto entre el desarrollo turístico y el derecho público al disfrute de las costas en México.
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