Chetumal, QRoo. – La solemnidad que debía caracterizar la integración del Poder Judicial de Quintana Roo se vio empañada por una polémica decisión. El licenciado en derecho, Iván Ayuso, electo por voto popular para ocupar el cargo de Juez Penal de Control y Penal Tradicional, fue excluido de la ceremonia de toma de protesta celebrada en el Congreso del Estado debido a una discrepancia técnica en su documentación fiscal.

El hecho no solo ha generado críticas por la rigidez procesal, sino que también abre un vacío de incertidumbre: ¿Quién impartirá justicia en ese juzgado penal mientras el conflicto se resuelve?

El Perfil del Cargo: Juez de Penal de Control y Penal Tradicional

La figura para la que fue electo Ayuso conlleva una responsabilidad sustancialmente mayor. Un Juez de Penal Oral es una pieza fundamental en el sistema de justicia acusatorio. Es la autoridad encargada de dirigir los juicios, resolver incidentes, decretar medidas cautelares (como el arraigo o la prisión preventiva) y, lo más importante, de dictar sentencia en casos de delitos que pueden ser graves. Su exclusión no es un tema meramente protocolario; impacta directamente en la operatividad y la carga de trabajo de los juzgados penales de la entidad.

La Incógnita: ¿Un Juzgado Fantasma?

La pregunta inmediata que surge es: ¿Quién ocupará ese espacio en lo que el impasse se soluciona? Según consultas a fuentes del propio Poder Judicial, el escenario más probable es que los asuntos que corresponderían al juzgado de Ayuso sean repartidos de manera provisional entre los demás jueces penales en funciones.

La Postura del Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo (TEEQROO), órgano responsable de la organización de la elección y la entrega de constancias, ha mantenido su postura. Argumenta que el apego a los lineamientos de fiscalización es irrenunciable para un cargo de tal envergadura, que maneja recursos y debe estar impecable en su situación fiscal. Sin embargo, no ha dado una respuesta clara sobre el procedimiento operativo para suplir la ausencia del juez electo ni sobre el plazo concreto que tiene Ayuso para corregir su documentación.

Críticas y Llamado a la Urgencia

La situación ha avivado las críticas de colegios de abogados y organizaciones civiles. «Es una paradoja absurda», señaló el Lic. Gerardo Solís; «Por buscar una perfección fiscal en la documentación, se está generando una imperfección mucho mayor en la impartición de justicia diaria. El tribunal está protegiendo la forma y desprotegiendo el fondo mismo de su función a pesar de que Ayuso presentó en tiempo y forma su informe de gastos de campaña en ceros.»

Se exige al TEQROO y al nuevo TEPJF agilizar al máximo la resolución de este impasse. La presión recae en que Iván Ayuso regularice su situación ante el SAT y presente la documentación exigida para que se programme una nueva toma de protesta de manera urgente y sin más dilación.

Mientras tanto, el Juzgado Penal que debería estar bajo su cargo opera de manera limitada, sostenido por la resiliencia de un sistema judicial que, una vez más, debe parchar una falla de carácter administrativo. El caso sienta un precedente peligroso sobre cómo los tecnicismos pueden llegar a suplantar, aunque sea temporalmente, la voluntad popular y la eficacia de la justicia.