Iván Manuel Ayuso Osorio, abogado que afirma haber resultado electo como juez penal tradicional con más de 105 mil votos en los comicios del 1 de junio, denunció este miércoles el bloqueo sistemático a su designación, pese a contar —según dijo— con el respaldo ciudadano y haber cumplido con los requisitos legales.
En rueda de prensa, Ayuso Osorio responsabilizó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a instancias locales de retrasar indebidamente la entrega de su documentación oficial, lo que impide que asuma el cargo para el que fue elegido. El caso se encuentra actualmente en revisión ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
De acuerdo con el litigante, las autoridades electorales le notificaron la revocación de su nombramiento bajo el argumento de irregularidades fiscales y la falta de firma electrónica, situaciones que, asegura, fueron informadas y justificadas desde el inicio de su campaña.
“Informé en todo momento al INE sobre mi situación fiscal y la imposibilidad de obtener la e-firma. No hice gasto de campaña porque no se me asignaron recursos; mi comunicación con la ciudadanía fue a través de canales gratuitos. Ahora, sin fundamento sólido, se me niega el acceso al cargo”, declaró.
Ayuso Osorio, quien cuenta con experiencia previa en el Poder Judicial Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó cualquier señalamiento sobre opacidad en su declaración patrimonial o manejo contable, y atribuyó las complicaciones a una duplicidad en sus registros de RFC y CURP, que —subrayó— no invalida los resultados electorales.
El aspirante a juez penal advirtió que su situación no es aislada: más de 70 candidatos en la entidad enfrentarían problemas similares en sus procesos de certificación. “A mí me tocó bailar con la más difícil”, afirmó.
Confiado en que el Tribunal Electoral resolverá a su favor, Ayuso Osorio exigió celeridad en el proceso para evitar, dijo, que se nombre de manera irregular a otra persona en el cargo y se ignore la voluntad expresada en las urnas.
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