Cancún, Q. Roo, 18 de julio de 2025 — Ciudadanos y activistas han alzado la voz contra lo que consideran un abuso sistemático en los cobros por servicios de grúa en Cancún. La empresa Grúas Cardona ha sido señalada por aplicar tarifas de arrastre muy por encima de lo establecido en la normativa oficial, afectando especialmente a personas involucradas en accidentes de tránsito.

El abogado y defensor de derechos ciudadanos, Gerardo Solís Barreto, denunció públicamente que estas prácticas violan los aranceles establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los cuales regulan los costos por kilómetro recorrido y por banderazo (tarifa inicial). “El abuso de estos empresarios de grúas que se aprovechan de toda la gente que tiene un accidente, porque no respetan el arancel que la Secretaría tiene establecido para tales efectos, es inaceptable”, declaró Solís.

De acuerdo con la regulación vigente, una grúa tipo A debería cobrar $18.82 por kilómetro recorrido y $528.69 por banderazo. Sin embargo, en la práctica, usuarios afectados denuncian que Grúas Cardona impone cobros que superan los $5,800 pesos, sin desglosar los conceptos y sin justificación legal.

El activista Erick Sánchez Córdoba, junto con el abogado Gerardo Solís Barreto, promueven un juicio de amparo para combatir esta situación. Ambos informaron que pondrán a disposición del público un formato gratuito de amparo que cualquier persona afectada podrá utilizar para iniciar su proceso legal contra estos cobros irregulares.

En un llamado directo a las autoridades, Solís exhortó respetuosamente a la gobernadora Mara Lezama y a la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, a coordinar acciones desde los cabildos municipales para regular y sancionar estos abusos. “Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto. La ciudadanía no puede seguir siendo víctima de cobros fuera de la ley”, señaló.

Los denunciantes destacan que esta problemática no es nueva, pero se ha agudizado por la falta de vigilancia y control administrativo sobre las concesiones de grúas, que continúan operando sin fiscalización efectiva. Según los activistas, los cobros desproporcionados representan un acto sistemático de abuso económico hacia ciudadanos en estado de vulnerabilidad tras un accidente.

Esta denuncia pública busca sentar un precedente legal y social que obligue a las autoridades a revisar y transparentar los contratos, concesiones y regulaciones en torno al servicio de grúas en el estado de Quintana Roo, particularmente en la ciudad de Cancún, una de las más afectadas por esta práctica.

Las personas interesadas en obtener el formato de amparo o unirse a la iniciativa pueden seguir las redes sociales de los activistas o asistir a las asambleas informativas que se organizarán en los próximos días.