Cancún, Q. Roo.— Vecinos del fraccionamiento Quetzales, en la Supermanzana 523, denunciaron una serie de desalojos presuntamente ilegales que estarían siendo orquestados por el Banco Invex y la inmobiliaria Grupo VAG, a través de procesos judiciales iniciados en el estado de Sinaloa, fuera de la jurisdicción local.
Los hechos han tenido lugar en el Lote 2 de la Manzana 5, donde varias familias fueron sorprendidas por órdenes de desalojo sin previa notificación legal conforme al procedimiento civil vigente en Quintana Roo. Testimonios de los afectados aseguran que los desalojos fueron ejecutados con el uso de la fuerza pública, sin respetar los derechos procesales mínimos establecidos por la ley.
De acuerdo con los vecinos, los desalojos estarían siendo justificados legalmente bajo el argumento del vencimiento de contratos de crédito hipotecario en UDIS (Unidades de Inversión) con una vigencia de 25 años, originalmente otorgados por una constructora cuya cartera fue adquirida por el Banco Invex.
Los habitantes acusan a Grupo VAG de coordinar las acciones de desalojo, presuntamente en complicidad con representantes del banco, lo que ha generado un clima de tensión e incertidumbre entre las familias que habitan el fraccionamiento desde hace más de dos décadas.
Violación al debido proceso
El artículo 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo establece que, en casos de desalojo judicial, debe notificarse formalmente al ocupante del inmueble y otorgarle un plazo no menor a cinco días hábiles para desocupar la propiedad, siempre y cuando exista una orden judicial debidamente emitida. No obstante, los vecinos aseguran que jamás fueron notificados ni se les permitió ejercer defensa legal previa.
“Llegaron con policías, rompieron las cerraduras y sacaron nuestras cosas. No sabíamos ni que había un juicio en curso, mucho menos que era en Sinaloa”, denunció uno de los afectados, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
Llamado a las autoridades
Los residentes del fraccionamiento Quetzales han hecho un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para frenar lo que consideran un atropello legal que pone en riesgo el patrimonio de decenas de familias.
Asimismo, los vecinos solicitan la intervención del Poder Judicial de Quintana Roo para revisar la legalidad de los juicios realizados en otra entidad federativa, lo que, según abogados consultados, podría representar una violación al principio de territorialidad y jurisdicción.
En espera de justicia
Hasta el cierre de esta edición, ni Grupo VAG ni Banco Invex han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. Por su parte, los vecinos advierten que están organizando acciones legales y sociales para defender su derecho a la vivienda y exigir que se respeten las garantías constitucionales.
La situación continúa desarrollándose y representa un caso emblemático sobre la vulnerabilidad legal de los deudores hipotecarios en México, especialmente cuando los juicios se trasladan a entidades distintas a su lugar de residencia, sin notificación adecuada ni oportunidad de defensa.
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