El Estado de Quintana Roo tiene una oferta laboral activa vinculada al sector turístico, sin embargo, existe un fenómeno de explotación laboral aceptado culturalmente con jornadas laborales de diez horas durante seis días a la semana derivado de la oferta y la demanda del mercado laboral. En el Caribe Mexicano se trabaja hasta 60 horas a la semana y eso aunado al tiempo de transporte desde las zonas turísticas hacia las regiones urbanas donde vive la clase trabajadora.

En un hecho considerado histórico para los derechos laborales en México, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La medida, impulsada por legisladores y respaldada por diversos sectores sociales, representa un paso significativo hacia un modelo de trabajo más equilibrado y humano.

Con 350 votos a favor en la Cámara de Diputados y 90 en el Senado, la reforma fue avalada el pasado 30 de mayo. Su promulgación oficial está prevista para mediados de junio, y se espera que entre en vigor gradualmente a partir del primer trimestre de 2026, conforme a lo estipulado en el decreto de transición.

La reforma contempla que los trabajadores tengan dos días de descanso por cada cinco laborados, lo cual marca un cambio fundamental en la organización del tiempo laboral en el país. Hasta ahora, México figuraba entre las naciones de la OCDE con las jornadas más extensas, situación que ha sido motivo de debate por su impacto en la salud, productividad y vida familiar de los empleados.

Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

Cancún.- En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, fueron dados a conocer proyectos institucionales susceptibles de financiamiento para el sector laboral en el estado de acuerdo a sus necesidades.

La encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) Verónica Salinas Mozo, encabezó esta reunión en la que reafirmó el compromiso de trabajar acercando los servicios y justicia laboral, la capacitación y el empleo a la ciudadanía.

Reiteró que con acciones y resultados tangibles se escucha las necesidades de la población para enfocar los objetivos y atenderlos de manera inmediata, tal como lo promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Dentro de los proyectos presentados, destacan la importancia de ampliar la cobertura de los servicios laborales a mayor cantidad de población; la implementación de una plataforma tecnológica que permita llevar a cabo las inspecciones laborales de manera remota y que las priorice en función de los riesgos identificados; intermediar en el mercado laboral para favorecer la articulación entre empleadores y buscadores de trabajo, mediante la entrega de apoyos económicos para eliminar obstáculos financieros, entre otros.

También destaca, el fortalecimiento al programa “Capacítate y Empléate” que se ofrece a través del Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo.

De igual manera durante la sesión se dieron a conocer las propuestas obtenidas en el Foro de Consulta realizado con representantes del sector laboral para la actualización del programa sectorial de trabajo inclusivo y justicia laboral 2023-2027.

“En este gobierno humanista, estamos reduciendo las brechas de desigualdad generando las condiciones para que todas y todos cuenten con oportunidades laborales dignas, puedan autoemplearse y tener acceso a una justicia laboral eficiente” dijo Salinas Mozo.

En esta sesión también estuvieron, el secretario de Desarrollo Económico, Paul Carrillo de Cáceres; el Subsecretario del Trabajo en la Zona Norte, José Francisco Trujillo Brandi; Viola Cardín Ruíz, directora Operativa del COPLADE; la Auditora de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Erika Palacios González y el titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo con sede en Cancún, Víctor Campos Pedroza según información del CGC.

¿Qué implica jurídicamente una implementación “gradual”?

En el derecho mexicano (como en muchos otros sistemas jurídicos), las reformas legales o constitucionales pueden prever disposiciones transitorias que establecen cómo, cuándo y bajo qué condiciones se aplicarán los cambios. Esta técnica se usa para:

• Dar tiempo a los actores involucrados (gobierno, empresas, trabajadores) para adaptarse.
• Evitar impactos económicos o sociales abruptos.
• Establecer fases de entrada en vigor, ya sea por sector, tamaño de empresa, región, etc.

Metodología jurídica posible para una reducción gradual

Una reforma de este tipo podría seguir una estructura legal como esta:

1. Reforma constitucional o legal principal: modifica el artículo 123 para establecer una jornada máxima de 40 horas semanales.
2. Disposiciones transitorias constitucionales o legales, que especifiquen:
   • La fecha de inicio de la transición.
   • El cronograma por etapas (por ejemplo, reducir a 44 horas en 2026, 42 en 2027 y 40 en 2028).
   • Diferencias por tamaño de empresa (primero grandes empresas, luego PyMEs).
   • Posibles exenciones o medidas compensatorias temporales.
3. Reforma secundaria o reglamentaria, como cambios a la Ley Federal del Trabajo, que detallen:
   • El esquema operativo.
   • Sanciones por incumplimiento.
   • Mecanismos de inspección y verificación.
   • Acompañamiento institucional (capacitación, subsidios, etc.).

¿Hay precedentes?

Sí. En México y otros países, muchas reformas laborales importantes se han implementado de forma progresiva, incluyendo:

• El aumento del salario mínimo.
• La introducción del reparto de utilidades.
• La implementación del sistema de pensiones por cuentas individuales.

Conclusión

El cambio legal hacia una jornada de 40 horas en el sector turístico es posible, pero requiere de una coyuntura favorable construida con diálogo social, reformas complementarias y apoyo estatal. De no gestionarse con cuidado, el riesgo es que la reforma quede solo en papel, o que aumente la precarización laboral en lugar de reducirla.