La Comisión Federal de Electricidad lanza operativos sorpresa en todo México para combatir el robo de energía, pero la polémica crece ante la brecha entre privilegios laborales y altos cobros que sufren los usuarios.

En junio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, realizará operativos sorpresa a nivel nacional para revisar medidores eléctricos y detectar conexiones ilegales conocidas como “diablitos”. El objetivo oficial es combatir el robo de energía, reducir pérdidas millonarias y garantizar un suministro seguro para todos.

Una batalla contra el robo que refleja una problemática mayor
Estos operativos incluyen visitas a domicilios para identificar manipulaciones en medidores o consumos no contratados, con posibles cortes de servicio y sanciones para quienes incumplan. Sin embargo, esta estrategia ha despertado un debate más profundo: mientras se persigue y sanciona a usuarios que intentan evadir el pago, miles de familias mexicanas enfrentan tarifas elevadas, que se han convertido en una carga económica.

Privilegios internos vs. carga para el pueblo
Un dato poco difundido es que muchos trabajadores de la CFE gozan de tarifas eléctricas preferenciales y otros beneficios que no están disponibles para el usuario común. Esto genera una desigualdad palpable en un organismo que, siendo estatal, debería servir como garante de un acceso justo a un recurso básico: la energía eléctrica.

Así, mientras los ciudadanos pagan tarifas crecientes que a menudo representan un gasto significativo en sus hogares, un grupo reducido dentro del mismo sistema eléctrico disfruta de condiciones que alivian sus costos, alimentando una percepción de injusticia social.

¿La energía eléctrica es un derecho o un privilegio?
La CFE, como empresa del Estado, tiene la responsabilidad de asegurar que la energía sea un derecho accesible para todos y no un privilegio condicionado por la capacidad de pago. Las tarifas elevadas y los cortes en el suministro afectan especialmente a las comunidades más vulnerables, aumentando la desigualdad social.

Los operativos para detectar “diablitos” son necesarios para evitar daños a la red y garantizar la estabilidad del sistema, pero deben acompañarse de políticas que revisen el esquema tarifario y privilegios laborales para que no sigan profundizando la brecha entre quienes trabajan en la CFE y quienes pagan por su servicio.

Un llamado a la transparencia y equidad
Expertos y usuarios exigen mayor transparencia en el manejo de tarifas y beneficios al interior de la CFE, así como un enfoque integral que no solo persiga a los usuarios, sino que también promueva la justicia social en el acceso a la energía. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema eléctrico nacional que beneficie a todos por igual, sin exclusiones ni privilegios.

Mas información: Terra.