El gobierno de Quintana Roo ha generado controversia con la reciente aprobación de una nueva Ley de Expropiación que amplía de 11 a 25 las causas por las cuales el Estado puede expropiar terrenos, incluyendo predios ejidales. Esta medida ha sido criticada por ejidatarios, ambientalistas y ciudadanos, quienes denuncian que la reforma facilita la transferencia de tierras a inversionistas privados y extranjeros, beneficiando a grupos empresariales mientras se despoja a comunidades locales de su patrimonio.

El negocio de la expropiación: Tierras para el mercado inmobiliario

El ejido ha sido históricamente una forma de propiedad social protegida en México. Sin embargo, en los últimos años, reformas han permitido su privatización y venta. Con esta nueva legislación, el gobierno estatal se convierte en un facilitador para el traspaso de tierras a desarrolladores inmobiliarios y hoteleros, promoviendo la especulación y la inflación del mercado de bienes raíces.

Expertos del sector afirman que la demanda de propiedades en Puerto Cancún y Costa Mujeres ha disparado precios hasta los 75,000 pesos por metro cuadrado, haciendo que la adquisición de vivienda sea inalcanzable para la población local. En zonas como la Avenida Huayacán y Bulevar Colosio, el precio promedio por metro cuadrado ya alcanza los 38,000 pesos, consolidando la exclusión económica de los residentes de bajos ingresos.

El endeudamiento y la crisis habitacional

El auge inmobiliario en Quintana Roo ha traído consigo una crisis habitacional. Mientras se construyen desarrollos de lujo en Cancún y Playa del Carmen, la población trabajadora enfrenta dificultades para acceder a viviendas dignas. La especulación ha llevado a que miles de familias tengan que endeudarse para poder adquirir un departamento, mientras que otras son desplazadas a zonas sin infraestructura adecuada.

Según expertos, la sobreoferta de inmuebles de alto costo beneficia exclusivamente a los inversionistas y genera un modelo de crecimiento desigual, donde la vivienda social es relegada a un segundo plano.

Impacto ambiental: Hoteles de lujo sobre ecosistemas frágiles

El crecimiento del sector hotelero ha provocado la destrucción de manglares, selvas y ecosistemas costeros esenciales para el equilibrio ambiental. A pesar de las promesas del gobierno federal de no entregar tierras a extranjeros, en la práctica estos proyectos contradicen las políticas de protección territorial, permitiendo el avance de construcciones masivas sin una regulación ambiental estricta.

Expropiación de tierras ejidales: La puerta abierta al despojo

La nueva Ley de Expropiación permite al Estado intervenir en terrenos ejidales bajo la justificación de «utilidad pública», pero al incluir proyectos privados dentro de esta categoría, se pone en riesgo el derecho de los ejidatarios a conservar sus tierras. Esto genera una peligrosa tendencia donde el gobierno actúa como intermediario en la venta de tierras a grandes consorcios nacionales y extranjeros, dejando a los pobladores sin capacidad de decisión sobre sus propios recursos.

Conclusión: Un modelo económico que margina a la población

Mientras el gobierno de Quintana Roo sigue promoviendo el crecimiento inmobiliario y hotelero, las consecuencias económicas, sociales y ambientales recaen sobre los ciudadanos. La privatización de tierras ejidales y la sobreexplotación de los recursos naturales consolidan un modelo de desarrollo basado en la exclusión, el endeudamiento y la especulación. La reciente Ley de Expropiación representa un precedente alarmante en la regulación de la tierra en el estado, intensificando el debate sobre quiénes realmente se benefician de este llamado «boom inmobiliario».

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