La medida, que incluye diversos estímulos fiscales, genera debate sobre si favorece a quienes pueden ponerse al corriente en detrimento de la población de menores recursos.
En el marco de los estímulos fiscales para el ejercicio 2025, el Gobierno del Estado de Quintana Roo publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo la condonación de multas y recargos aplicables a los créditos fiscales originados por el incumplimiento en el pago de cuotas y tarifas por servicios de agua potable y alcantarillado. La medida, formalizada en diversos acuerdos y convenios de coordinación fiscal —entre ellos aquellos suscritos con los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y otros— abarca sectores que van desde el uso doméstico y comercial hasta el industrial y hotelero.
Según el acuerdo, establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación y respaldado por la Procuraduría Fiscal del Estado, los deudores en mora podrán acogerse a la condonación de los accesorios fiscales (multas, recargos y gastos de ejecución) previstos en los artículos 20 y 72 del Código Fiscal del Estado, lo que en algunos casos podría representar hasta el 100% de dichos cargos. Las autoridades sostienen que esta medida facilitará la regularización de la cartera vencida, que a inicios de 2024 superaba los 900 millones de pesos, y contribuirá a la sostenibilidad de los servicios públicos.
En un contexto que ha generado opiniones encontradas, cabe destacar que estos convenios fueron aprobados por el gabinete estatal en las primeras horas del 1 de enero, cuando el ambiente festivo aún se respiraba en diversas localidades. De esta manera, mientras la comunidad disfrutaba de las celebraciones de Año Nuevo, las altas esferas gubernamentales sellaron los acuerdos que ahora benefician a sectores como el hotelero y empresarial. Algunos analistas sostienen que, si bien la intención oficial es incentivar la formalización y reducir la morosidad, al incluir a grandes contribuyentes se corre el riesgo de favorecer a aquellos con mayor capacidad de pago.
Representantes estatales, encabezados por la Gobernadora María Elena H. Lezama Espinosa y acompañados por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, defienden la medida argumentando que la condonación es una herramienta para impulsar la regularización fiscal en todos los sectores y mejorar la recaudación, lo que redundará en beneficios indirectos para la comunidad en general.
Los establecimientos hoteleros y demás contribuyentes afectados deberán adherirse a los lineamientos que se darán a conocer en los próximos días para formalizar el proceso de regularización. Con esta acción, el Gobierno de Quintana Roo reafirma su compromiso por modernizar el sistema fiscal, aunque la polémica sobre el verdadero alcance del beneficio y su impacto en la equidad fiscal continúa en el debate público.
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