Los cenotes de Quintana Roo, formaciones naturales milenarias que albergan ecosistemas únicos y son fuente vital de agua para la región, han sido objeto de explotación descontrolada durante más de dos décadas. A pesar de que la Constitución Mexicana establece que las aguas nacionales son patrimonio de la nación y que el pueblo mexicano tiene derecho a su acceso y disfrute, la falta de regulación y la permisividad de las autoridades han permitido que empresarios, desarrolladores inmobiliarios y políticos se apropien de estos cuerpos de agua con fines lucrativos. Mientras la población local ve restringido su acceso a estos espacios, el turismo de alto nivel y los complejos inmobiliarios de lujo continúan expandiéndose a costa del equilibrio ecológico y del derecho público al agua.

Para la civilización maya, los cenotes eran considerados portales sagrados al Xibalbá, el inframundo, y se usaban en ceremonias religiosas, rituales de purificación y como fuente de vida en una región donde el acceso al agua era limitado. Se creía que estos cuerpos de agua conectaban el mundo terrenal con los dioses y, por ello, eran resguardados con sumo respeto. Hasta el día de hoy, muchas comunidades indígenas conservan su relación espiritual con los cenotes y los protegen como sitios de importancia cultural y ambiental. Para algunos pueblos mayas contemporáneos, los cenotes siguen siendo sagrados y representan un legado inalienable de sus ancestros. Sin embargo, la apropiación privada de estos espacios ha generado un conflicto con estas comunidades, ya que algunos de sus cenotes ancestrales han sido vallados y convertidos en atracciones turísticas con tarifas excesivas. La privatización no solo vulnera su acceso al agua, sino que también representa una pérdida de identidad y territorio para estos pueblos, atentando contra su derecho ancestral y cultural.

La ausencia de un marco normativo eficaz ha facilitado la apropiación de cenotes por parte de particulares, quienes compran terrenos sin restricciones y los explotan bajo su propia normativa. Aunque la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contempla la conservación de ecosistemas frágiles, su aplicación en Quintana Roo ha sido deficiente, permitiendo que estos espacios sean privatizados bajo figuras legales ambiguas.

Casos documentados revelan que exfuncionarios y empresarios han adquirido terrenos con cenotes y los han convertido en propiedades privadas o negocios turísticos exclusivos. Entre los ejemplos más notorios está el caso del político y empresario José Luis «Chanito» Toledo, quien ha sido señalado por la conversión de un cenote en un parque acuático donde el acceso al agua está condicionado al pago de cuotas y alquiler de equipos, eliminando así la posibilidad de un acceso público real. Otros casos incluyen a desarrolladores inmobiliarios como Grupo Xcaret y Grupo Posadas, quienes han sido acusados de explotar estos ecosistemas sin medidas de protección adecuadas, negando el derecho de la ciudadanía a disfrutar libremente de estos recursos naturales.

Desde finales de los años noventa, el auge del turismo en la Riviera Maya ha convertido a los cenotes en puntos estratégicos para la industria hotelera e inmobiliaria. Sin embargo, la falta de regulación y el escaso interés gubernamental en proteger estos ecosistemas han llevado a una explotación descontrolada. Entre las prácticas más comunes destacan:

• Cenotes dentro de fraccionamientos privados, donde los residentes son los únicos con acceso.
• Venta de terrenos con cenotes a desarrolladores inmobiliarios, eliminando el derecho de acceso público.
• Complejos turísticos que cobran tarifas excesivas por ingresar a cenotes que deberían ser de libre acceso.

En algunos casos, los accesos a estos cuerpos de agua están controlados por personal de seguridad privada, impidiendo la entrada a la comunidad local.

La sobreexplotación de los cenotes no solo genera desigualdad en el acceso al agua, sino que también pone en riesgo la estabilidad ecológica de la región. La contaminación del manto freático debido al mal manejo de aguas residuales y la destrucción de manglares para la expansión de desarrollos turísticos han sido denunciadas por organizaciones ambientales como Greenpeace y CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental). Las comunidades locales han reportado que algunos cenotes han sido contaminados por el vertimiento de aguas residuales de hoteles y desarrollos cercanos, afectando la calidad del agua y poniendo en peligro la flora y fauna que depende de estos ecosistemas. Esta contaminación también afecta el derecho de la población al acceso a agua limpia y saludable, un derecho humano que se ve comprometido por la ambición desmedida de empresarios y autoridades permisivas.

La administración de estos cuerpos de agua debe recaer en el gobierno federal, ya que son parte del patrimonio natural de la nación y constituyen un derecho soberano del pueblo mexicano. La nacionalización de estas áreas es una medida urgente para garantizar su preservación y evitar que intereses privados continúen beneficiándose de un bien común. Es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) refuercen su papel regulador y establezcan medidas como:

• Expropiación de cenotes estratégicos para integrarlos en Áreas Naturales Protegidas.
• Revisión y revocación de permisos otorgados a desarrolladores que restringen el acceso público.
• Creación de una normativa específica para la conservación de cenotes y el manejo sustentable del turismo.
• Consultas a comunidades indígenas para garantizar que sus derechos sean respetados en cualquier regulación futura.
• Prohibición de construcciones que afecten cuencas endorreicas y ecosistemas hídricos esenciales.

La protección de los cenotes no es solo una cuestión ambiental, sino de justicia social y soberanía nacional. El saqueo de estos recursos no debe continuar. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso de su pueblo a sus riquezas naturales, pues estas no pertenecen a una élite, sino a toda la nación.

Por: José. A. García