En un estado como Quintana Roo, donde el acceso al agua potable se ha convertido en una constante lucha contra las altas tarifas y la deficiencia del servicio, ha llegado el momento de que el pueblo tome decisiones que aseguren el bienestar colectivo, por encima de los intereses privados.

Aguakan, la empresa encargada del suministro de agua en varios municipios de Quintana Roo, ha demostrado una y otra vez que su único interés es la ganancia económica a costa de la necesidad básica de los ciudadanos. Durante años, los habitantes de Playa del Carmen, Solidaridad, y otros municipios han sufrido un servicio deficiente y tarifas desmesuradas, mientras que la empresa continúa obteniendo beneficios millonarios sin ofrecer soluciones adecuadas.

El acceso al agua es un derecho humano fundamental y, según la Constitución Mexicana, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo para todos los ciudadanos. Sin embargo, la privatización de este servicio ha demostrado ser un fracaso rotundo. El pueblo no puede seguir siendo víctima de un sistema que permite que el agua, un recurso esencial para la vida, esté al servicio de intereses privados. Es necesario tomar acción y devolver el control del agua a la ciudadanía.

Es por ello que hago un llamado a todos los ciudadanos de Quintana Roo a unirse y exigir lo que por derecho nos corresponde: la nacionalización de Aguakan. La nacionalización, respaldada por el artículo 27 de la Constitución Mexicana, es una medida legítima y necesaria, ya que busca el bienestar colectivo y la recuperación de un bien que nunca debió ser entregado a manos privadas. Si el Estado no está dispuesto a defender los intereses de su pueblo, entonces es nuestra responsabilidad hacerlo.

Además, es importante destacar que ni el gobierno ni el pueblo deberían indemnizar a Aguakan para que se retire. La empresa ya ha robado lo suficiente, exprimiendo al pueblo con sus tarifas exorbitantes. No se puede permitir que se les pague por lo que ya han tomado a costa de la ciudadanía. En lugar de indemnizarla, lo que corresponde es nacionalizar el servicio de agua, sin más dilación, y garantizar que el recurso sea gestionado de manera justa y equitativa para todos los habitantes de Quintana Roo.

Existen razones de peso para tomar esta decisión:

• El agua es un bien común, no un negocio. La privatización ha generado más problemas de los que ha resuelto, con tarifas injustificables y un servicio deficiente que ha afectado a miles de familias.
• Aguakan ha lucrado con las necesidades del pueblo. A pesar de las altas tarifas, los ciudadanos han sido testigos de un servicio que deja mucho que desear: agua de mala calidad, falta de mantenimiento en la infraestructura y escasez constante.
• El pueblo tiene el derecho a nacionalizar. El artículo 27 de la Constitución permite la nacionalización por causa de utilidad pública. En este caso, recuperar el control del agua es una causa justa para garantizar que este recurso vital sea gestionado en beneficio de todos, no de unos pocos.
• La falta de acción del gobierno es inaceptable. Si el gobierno no toma cartas en el asunto, el pueblo debe organizarse para exigir que se tomen las instalaciones de Aguakan y que se termine con la privatización del agua en Quintana Roo.

El agua no puede seguir siendo un negocio para empresas extranjeras que priorizan las ganancias sobre la vida de las personas. La nacionalización es la única vía para devolverle al pueblo lo que le corresponde por derecho, y debe ser respaldada por todos los ciudadanos comprometidos con un futuro más justo y sostenible.

Este comunicado no es solo un llamado a la acción, es una invitación a organizarnos y exigir nuestros derechos. No podemos seguir permitiendo que los intereses privados sigan controlando un recurso que pertenece a todos. El agua es de todos y debe ser gestionada por el pueblo, para el pueblo.

Es momento de actuar y de asegurar que las futuras generaciones tengan acceso al agua sin tener que depender de empresas que ven este recurso como un negocio. La nacionalización de Aguakan no solo es posible, es una necesidad urgente.

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Por José A. García.