La «Ley Silla» entró en vigor en Quintana Roo, obligando a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo a sus trabajadores y a darles descansos periódicos. Aunque esta medida parece una victoria menor para los derechos laborales, no es más que un pequeño parche que no atiende las necesidades reales del pueblo. En un estado donde la explotación laboral, los despidos injustificados y la violación de derechos son una constante, el simple hecho de exigir que los empleados puedan sentarse durante su jornada es solo una distracción ante problemas mucho más profundos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, liderada por Verónica Salinas Mozo, sigue demostrando su ineficacia. Mientras miles de trabajadores en el sector hotelero, el motor de la economía local, siguen siendo explotados, el gobierno parece más preocupado por medidas superficiales que por garantizar condiciones laborales justas y dignas. Las jornadas extenuantes, los sueldos insuficientes y la constante amenaza de despidos injustificados son una realidad diaria para los empleados que hacen posible el auge turístico del estado.

Pero la «Ley Silla» es solo una pequeña parte del rompecabezas. ¿De qué sirve que un empleado tenga una silla si, al final del día, no recibe lo que le corresponde por su trabajo? Los empresarios siguen burlándose de las leyes laborales, y las autoridades competentes siguen mirando hacia otro lado. El sector hotelero, que mueve miles de millones de pesos, se beneficia a costa de los trabajadores que ven sus derechos constantemente vulnerados. Los inspectores laborales son escasos y el cumplimiento de las leyes es débil, lo que permite que la impunidad se apodere de los empleadores.

Lo que realmente necesitamos, como pueblo, es una reforma profunda y urgente. Una que no solo regule las condiciones físicas en el lugar de trabajo, sino que garantice salarios justos, derechos respetados, y una verdadera justicia laboral. Necesitamos una Secretaría del Trabajo que no se quede en anuncios vacíos, sino que actúe con firmeza para hacer cumplir la ley y sancionar a aquellos que explotan a los más vulnerables.

La «Ley Silla» no es suficiente. Es un pequeño consuelo que no resuelve la raíz del problema: la falta de justicia y la explotación de los trabajadores. Y, en este momento, el pueblo de Quintana Roo está cansado de promesas vacías. El cambio no vendrá de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es momento de que cada uno de nosotros, como ciudadanos, levantemos la voz y exijamos un cambio real.

El gobierno local y los empresarios deben saber que no somos solo números en una hoja de pago, sino seres humanos que merecemos respeto y condiciones laborales dignas. Es momento de que nos unamos, de que exijamos más allá de lo mínimo, de que no aceptemos que nos traten como si nuestras vidas no valieran. Las decisiones que tomemos hoy influirán en el futuro de nuestra gente y de nuestras familias.

El pueblo de Quintana Roo necesita hacerse escuchar. Necesitamos exigir no solo leyes, sino un verdadero compromiso con los derechos laborales. No basta con una silla, necesitamos justicia para todos.

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