Columna: Pensamiento crítico Quintana Roo

Los apoyos alimentarios gubernamentales son una medida eficaz para garantizar el bienestar de las familias por medio de la inversión social, sin embargo este editorial busca hacer una crítica constructiva hacia la necesidad de mejorar la calidad de los productos que se entregan a los beneficiarios y al mismo tiempo favorecer a los productores locales.

El Gobierno de Quintana Roo durante el periodo de Roberto Borge implementó el programa social «Basura por alimentos» donde la población acudía con materiales reciclables para intercambiarlos por alimentos agroindustriales, como; pastas, azúcar, arroz, aceite y alimentos enlatados.

Durante la administración de Peña Nieto, por medio de SEDESOL se impulsó una política federal de apoyos alimentarios provenientes de las agroindustrias como Nestle acorde a la pragmática neoliberal.

Asimismo la administración estatal de Carlos Joaquín replicó el modelo «priísta despensero» para mantener las estructuras clientelares con fines político-electorales, primeramente comandado por Julián Ricalde (2016-2017) que posteriormente se lanzó como adversario (PRD) de la 4T en la elección de 2018 donde resultó derrotado y el gobernador ya no le permitió regresar a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), sustituyéndolo por Rocío Moreno, encargada de despacho de 2017 a 2022, aunque nunca pudo ser nombrada Secretaria por no cumplir con la residencia requerida en la entidad.

El presente Gobierno de Mara Lezama ha dado continuidad al mismo modelo establecido por los priístas de la entidad, a diferencia puntual de la administración de López Obrador que transformó los programas sociales clientelares en derechos establecidos en la Ley por medio de la entrega directa y universal del apoyo económico.

El Heraldo de México documentó que el paquete alimentario del programa «Comemos Tod@s» implementado por el Gobierno de Quintana Roo contiene: arroz, lentejas, frijoles, leche en polvo, aceite, atún, harina de maíz, sopa de pasta, sal, avena, puré de tómate y papel higiénico.

En ese sentido, la administración de Mara Lezama puede todavía dar un giro en la conformación de los apoyos alimentarios con productos agrícolas generados en la entidad, como son la pitahaya, la papaya, el chile habanero, miel de abeja, huevo orgánico y productos lácteos locales. Sin embargo, la dominancia de productos agroindustriales es lo que impera en los paquetes alimentarios de la administración morenista.

Otra solución, sería la entrega del dinero directamente para que las familias pudieran adquirir productos en los mercados y tianguis locales de Quintana Roo. Así como lo hacen los adultos mayores que reciben su pensión de 6 mil pesos bimestrales.

Un ejemplo claro de continuidad de la política social a nivel estatal es la Ciudad de México donde Clara Brugada anunció la entrega de apoyos directos a estudiantes de universidades públicas de la capital por monto de 900 pesos bimestrales.

El Gobierno de Mara Lezama tiene la posibilidad de cambiar la política neoliberal de entrega de alimentos agroindustriales para sustituirla por la creación de cadenas de suministro local con productos de mayor valor nutricional y proteico que devengan en una mejor estado de salud física de los beneficiarios y sus familias.

Otro proyecto alimentario ideal para la entidad sería desarrollar Bancos de Alimentos con la merma de los hoteles ubicados en Cancún y la Riviera Maya para canalizar los insumos no consumidos por los turistas hacia la población de los polos turísticos. Un estudio arrojó que cada año la pérdida y desperdicio de alimentos en México asciende a más de 20 millones de toneladas de alimentos aptos para consumo humano a lo largo de toda la cadena de valor, apunta Mariana Jiménez, Directora de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX).

La alimentación saludable es la pieza angular de una sociedad y México tiene el reto de mejorar la salud pública por medio de una dieta balanceada impulsada desde el Estado para continuar con la denominada cuarta transformación nacional. En términos económicos, la pérdida y desperdicio de alimentos en México asciende a 491 mil millones de pesos según BAMX.