Columna: Pensamiento Crítico

La industria de los cruceros no tiene salidas en los puertos del Caribe Mexicano o en la región del Pacífico, los grupos de cruceros utilizan puertos de salida como Alaska, Bahamas o Florida, mientras que los puertos de Cozumel y Majahual reciben turistas que bajan por cuestión de horas a la zona continental para realizar una pírrica derrama económica.

Un turista que se hospeda en una renta vacacional por medio de Airbnb genera una derrama en la economía local por medio las actividades que realiza como son; la adquisición de un tour, o la renta de insumos para actividades acuáticas, consumiendo en bares y restaurantes, asistiendo a un parque ecoturístico o visitando una zona arqueológica.

Así como los cruceristas, el turismo masivo que se hospeda en los hoteles y resorts bajo la modalidad del todo incluido (all inclusive) reducen la derrama económica en los polos turísticos. Existen turistas que nunca salen del hotel y toda su estancia la realiza en las instalaciones internas del desarrollo.

Mano dura fiscal de la 4T

Mara Lezama solicitó cambios al marco legal fiscal para exigir el cobro de un impuesto estatal de 5 USD a cada turista de cruceros, impuesto aprobado en 2023 por la XVII Legislatura para comenzar su cobro en 2025, asimismo el Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum con el respaldo del Congreso aprobaron los cambios a la Ley Federal de Derechos para eliminar la exención del cobro de derechos de migración que gozaron los cruceristas durante una década y ahora tendrá que desembolsar los 42 dólares por persona.

La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), que integra a empresas como Carnival, Disney, Norwegian, Princess y Royal Caribbean International, entre otras, alertó que el nuevo cobro de 860 pesos (42 dólares) a cruceristas hará que los viajes a México se encarezcan frente a otros destinos del Caribe según información de El Financiero.

Diversas agrupaciones empresariales como Coparmex Cancún pide no aplicar impuesto a turistas de cruceros. En Cozumel, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Asociación de Hoteles se sumaron en una solicitud para que este derecho no se aplique.

Sin embargo, la realidad es que la mano dura fiscal de la Gobernadora Lezama y la Presidenta Sheinbaum obedece al segundo piso de la transformación nacional que requiere de un sistema tributario eficaz para financiar los proyectos de infraestructura y los programas sociales que proyectan una inversión de 1.6 billones de pesos.

Esta medida representa un cambio al statu quo neoliberal de la industria de los cruceros acostumbrada a la inmunidad de los paraísos fiscales donde desembarcan.

En el 2023, solo el estado de Quintana Roo recibió un total de 1,156 arribos de cruceros trasladando a más de 4 millones 032 mil 413 pasajeros.

Según datos de 2023, 10 millones de turistas visitaron México por medio de cruceros, por lo que la recaudación fiscal podría ascender a los 420 MDD para las arcas de Federación y para Quintana Roo representaría ingresos por 20 MDD.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), acumuladas a septiembre de 2024, México ha recibido poco más de 7 millones de cruceristas, principalmente en los puertos de Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo; Ensenada, Baja California; Cabo San Lucas, Baja California Sur; y Puerto Vallarta, Jalisco.

En síntesis, el cobro de impuestos a turistas que visitan el país por medio de los puertos marítimos es una añeja demanda para la redistribución de la bonanza turística hacia las familias que viven en los polos turísticos.