Realidades.- Aseguró que el proyecto va evolucionando y ya tienen las primeras fases de la licitación

“Según lo que nos han indicado nuestros abogados, mientras no tengamos la notificación formal no podemos actuar en consecuencia”, sostuvo Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, refiriéndose al amparo presentado por comunidades indígenas solicitando una suspensión provisional del proyecto, en rueda de prensa en el marco del Foro de Energía para el Desarrollo de México que se está llevando a cabo en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida.

“Nosotros estamos informados de un solo amparo que presenta el señor Gerardo Martínez Jiménez, representante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CEIPX), ellos se inconformaron con respecto a las asambleas”, puntualizó.

Como se recordará, el pasado 14 de enero, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), obtuvieron una suspensión provisional por parte del Poder Judicial de la Federación, para frenar el megaproyecto del Tren Maya.

“Quiero hacer notar que no son comunidades, es un grupo muy respetable dentro de una comunidad, hemos estado en pláticas con ellos, vamos a atender lo que nos dictamine el Poder Judicial, oficialmente hasta ahora no sé si ya se recibió o no la notificación, no vamos a actuar en desacato ni mucho menos, recibiendo la notificación procederemos a realizar las respuestas correspondientes”, aseguró.

Sin embargo, Jiménez Pons aseguró que el “proyecto va evolucionando, vamos bien y ya se tienen las primeras fases de licitación”.

“Ya se lanzaron las primeras prebases, es decir una especie de consulta a los distintos proveedores, a los interesados en participar en la licitación. La semana pasada tuvimos una reunión donde asistieron 85 empresas, de las cuales 60 eran nacionales y 25 internacionales, se puede decir que este tipo de obras es muy atractiva para las grandes empresas no sólo de México, sino del mundo”, abundó.

Con relación a los vecinos de Campeche, que no quieren ser reubicados por dónde pasará el tren, dijo que no cree que sea cierto que esas viviendas estuvieran asentadas antes de la construcción de las vías, ya que las mismas tienen antecedentes de los años 30; “eso es una propiedad federal, nosotros tenemos que considerar el patrimonio que han fincado en los últimos años, respetárselos y llegar a una buena conclusión, pero ninguno de ellos tienen un título de propiedad porque están en zona federal”.

Detalló que incluso hay casas muy buenas de hasta de tres plantas, pero es un problema de seguridad, las opciones para pasar por Campeche son mucho más conflictivas, “porque le quitaríamos la posibilidad a ese estado de que tenga una estación, recuperar toda esa zona es muy importante”.

“ONU Habitat está haciendo esfuerzos para darles las mejores opciones y llegar a los mejores términos. Con estricto apego a los derechos humanos vamos a darle una solución que los entusiasme, no queremos correrlos, van a ganar y ganar bien”, precisó.

Indicó que primero van a tener una propiedad real que puedan heredar a sus hijos y segundo servicios y una ubicación mucho mejor. “El Tren Maya tiene que beneficiar hasta aquellos que están invadiendo”.

Con relación a que cada fase deberá tener un impacto ambiental, Enrique Dune, asesor ambiental de Fonatur, señaló que eso no es un punto que esté sujeto a discusión porque debe hacerse por ley.
“No puede haber un solo kilómetro del recorrido que no se haya analizado ambientalmente y que no esté aprobado por la autoridad correspondiente, que en este caso es la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Refirió que hasta la fecha no se han terminado esos estudios “porque hay aspectos del proyecto que están en construcción, y mientras no se acabe el proyecto no puede acabarse la manifestación de impacto ambiental”.

Pero afirmó que es inminente, “estamos hablando de un máximo de tres meses”, concluyó.

Fuente: LaJornadaMaya