Realidades.- Tras la presión ejercida por el movimiento social, los regidores que conforman la Comisión Transitoria del Agua del ayuntamiento de Puebla aprobaron este viernes el dictamen que revoca el Título de Concesión a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, para iniciar el proceso de remunicipalización del servicio del agua y alcantarillado de la capital.

El dictamen está compuesto por ocho puntos, entre los que destaca el respeto al artículo 115 Constitucional, para que el ayuntamiento de Puebla garantice la rectoría pública de la administración del suministro del líquido.

También solicitaron auditorías por parte de la Contraloría Municipal y del Estado, así como de la Auditoría Superior de la Federación, al proceso de licitación de la privatización del servicio del agua, al convenio modificatorio del 3 de julio de 2014, a la operación de venta de los terrenos que forman parte de la planta de tratamiento de San Francisco, al uso de recursos públicos federales en obras efectuadas por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y créditos obtenidos por este organismo, entre otros.

Asimismo, se instruyó a la Secretaría General del ayuntamiento para que el dictamen se envíe el Congreso del estado.

En lo que corresponde al gobierno de la ciudad, el dictamen será sometido a votación en la sesión extraordinaria de cabildo este martes, para después ser turnada al Poder Legislativo.

El dictamen fue resultado de una investigación a fondo que efectuaron cuatro subcomisiones (jurídica, técnica, social y financiera), que estuvo encabezada por la regidora con licencia Rosa Márquez Cabrera, con la asesoría de un grupo de especialistas, entre ellos Francisco Castillo Montemayor.

En la reunión de este viernes, los ausentes fueron los panistas Enrique Guevara Montiel y Augusta Díaz de Rivera, siendo esta última quien propuso un segundo dictamen que no contó con el aval de los regidores, pues buscó renegociar los términos de la concesión y dar dos años de gracia a la empresa Concesiones Integrales para después nuevamente evaluar su desempeño.

La regidora panista además fue señalada de intentar boicotear el proceso de revocación del título de concesión a la compañía que encabezan los consorcios Agua de México, Epcor y Ticsa, a través de la familia Hank Rhon, tras el enfrentamiento que sostuvo con el ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, a quien después acusó de violencia de género.

Para la académica María Eugenia Ochoa, integrante fundadora de la Asamblea Social del Agua (ASA), que desde hace cinco años está activa en la lucha por revocar el título de concesión, la aprobación de dicho dictamen significa “un paso más a la desprivatización del agua en Puebla, y para que el municipio recupere su papel en la gestión del agua”.

Mientras que para el activista Manuel Bravo, trabajador rescindido del SOAPAP y miembro del Frente en Defensa del Derecho Humano al Aguay y en contra de la Privatización, consideró que faltó exigir la renuncia del director del Sistema Operador, Gustavo Gaytán Alcaraz.

Acusó que en manos de Gustavo Gaytán está la documentación que los puede inculpar de un posible fraude o desvío de recursos; sin embargo, sostuvo que mientras el siga al frente del organismo difícilmente se podrá escudriñar a fondo el tema.

Por esta razón, adelantó que este domingo anunciarán una serie de protestas hasta lograr que este “personaje que impuso el morenovallismo” sea removido del cargo.

Gerardo Pérez Muñoz, del Colectivo “Hermanos Serdán”, reclamó que la auditoría al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla debe ser integral, desde la administración de Melquiades Morales Flores.

Incluso, dijo que es necesario que haya una revocación del acuerdo de cabildo del 12 de septiembre de 2013, que privatizó el servicio del agua en la ciudad; y que Francisco Muñoz Pérez sea destituido de la dirección de Gestión del Agua del ayuntamiento, por omisión en la defensa del recurso natural y posible colusión con la empresa.

La privatización de las actividades del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla es un proyecto que impulso el exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, en mayo de 2013.

La implementación se retrasó cinco meses por las decenas de amparos que se tramitaron ante la justicia federal contra la legislación que el Congreso local creó en ese mismo año, a propuesta de Moreno Valle Rosas, para dar fundamento jurídico al ingreso de la iniciativa privada en el sector, tachada de inconstitucional.

Las funciones del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla fueron asumidas por las empresas Agua de México, Epcor y Ticsa, quienes ganaron la concesión del suministro del agua por 30 años.

De acuerdo con el contrato, cuyos términos dio a conocer la revista Proceso, las compañías –que integraron la firma Concesiones Integrales– invertirían 3 mil 800 millones de pesos en infraestructura durante los próximos cinco años. Además destinarían cada 12 meses 10 por ciento de sus ingresos para la modernización del sistema hídrico y 5 por ciento más al gobierno estatal, acuerdos que según activistas y especialistas en el tema se han incumplido.

Fuente: La Jornada del Oriente