Columna: Pensamiento Crítico
La división de poderes en México ha funcionado de manera simulada bajo una dinámica presidencialista desde comienzos del Siglo XX con la conformación del PRI-Estado. En términos jurídicos nuestro país funciona bajo un modelo republicano-federal denominado Estados Unidos Mexicanos, integrado por medio de un sistema tripartita por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo (bicameral) y el Poder Judicial.
El Poder Judicial tiene en sus manos la responsabilidad de impartir justicia y ser arbitro en conflictos entre particulares o entre entidades públicas y privadas, así como sancionar delitos por medio del sistema penal, esto, en coordinación con las fiscalías autónomas que en la praxis tienen un papel deficiente en la investigación de delitos y en la conformación de carpetas para la judiacialización de los procesos.
En síntesis, la procuración de justicia en México está colapsada, los procesos judiciales están sometidos a periodos extenuantes de tiempo donde las Fiscalías no se dan abasto para presentar pruebas en los procesos judiciales que culminan con la liberación de presuntos culpables. La corrupción en ministerios públicos y juzgados obedece a la debilidad institucional del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura han sido conformados por cuotas políticas y en especial el presidente en turno durante cada sexenio ha decido la asignación de los Ministros por medio de la ratificación simulada del Congreso en base a una terna, sin embargo, el Presidente tiene la facultad de nombrar al ministro en caso de no llegar a un consenso parlamentario, como fue el caso de la Ministra Lenia Batres, la última en adherirse al cuerpo colegiado por decisión directa de AMLO.
Otro caso evidente de politización de la Corte fue el del ex Ministro Saldivar ligado a la 4T, mismo que renunció a la Suprema Corte después de dejar la presidencia de la Corte e inmediatamente incorporarse a las filas del equipo de campaña de Sheinbaum para dejarle su lugar a Lenia Batres.
La realidad es que Zaldivar fue un presidente de la Corte cercano a la agenda de la 4T e inclusive Julio Scherer intentó prolongar su presidencia en el máximo tribunal por medio de una reforma emitida desde el Ejecutivo para alargar la titularidad de Saldivar por medio de un artículo transitorio, sin embargo dicha iniciativa no prosperaría en una controversia constitucional, por lo que abandonaron el proyecto legislativo y posteriormente Julio Scherer salió por la puerta de atrás de la Consejería Jurídica de la Presidencia confrontado con el Procurador Gertz Manero y en medio de escándalos de tráfico de influencias documentadas por el periodista Hernán Gómez.
Durante ese periodo, el Senador Ricardo Monreal, coordinador del GP de Morena en la Cámara Alta también se manifestó votando en contra de la iniciativa de la reforma política emanadas del Ejecutivo por su inconstitucionalidad.
El Ministro Arturo Zaldivar durante su presidencia tuvo un activo papel político al denunciar que sufrió presiones y amenazas por parte del entonces Presidente Felipe Calderón en el proceso judicial de la Guardería ABC donde una prima de Margarita Zavala estaba implicada en la negligente desgracia que le costó la vida a 49 bebés de Sonora en las emblemáticas estancias infantiles de los Gobiernos del PAN que se entregaban a particulares y donde presuntamente se desviaban recursos por medio de «niños fantasma».
Corrupción institucional en la SCJN ligada al viejo régimen político
Existe un caso emblemático de corrupción institucional del Ministro Luis María Aguilar, que cosiste en tener en la congeladora de la Corte la resolución de un juicio entre el Estado Mexicano y Grupo Salinas para resolver el pago de impuestos por monto de 25 mil millones de pesos. El presidente López Obrador ha utilizado el espacio mediático de la conferencia mañanera para denunciar la opacidad y corrupción del Ministro al servicio de Salinas Pliego que se niega a dictaminar una resolución sobre el juicio fiscal.
La última reforma judicial de gran calado fue aplicada por el ex presidente Ernesto Zedillo en 1994-1995 donde disolvió la Suprema Corte y se redujo el número de ministros de 25 a 11 y tomó el control por completo del máximo órgano judicial que le valió para emprender una persecución judicial sobre el ex presidente Carlos Salinas y su hermano Raúl Salinas. A partir de ese sexenio, Fox, Calderón y Peña Nieto fueron decidiendo los nombramientos escalonados de los ministros, el caso emblemático de Enrique Medina Mora que fue impuesto por Peña Nieto, sin carrera judicial y cuyo único mérito era su incondicionalidad al grupo Atlacomulco.
Medina Mora renunció como Ministro de la SCJN, en una jugada de ajedrez durante la transición de terciopelo sexenal encabezada por Peña Nieto y López Obrador, situación que Alfonso Romo aprovechó en 2018 y movió sus piezas para colocar a su incondicional Margarita Ríos Fajart, misma que venía desempeñándose como titular del SAT, también como parte del acuerdo entre Romo y AMLO al inicio del sexenio, sin embargo, ese fue un gran error político que le costó muy caro a AMLO, pues a la salida de Romo del Gabinete, su aliada Ríos Fajart se unió al ala conservadora de la Corte junto a la Ministra Piña.
AMLO entendió que requería de aliados incondicionales en la Suprema Corte ante el escenario de politización de la justicia, situación que quedó en evidencia en relación a los juicios de amparo en contra de los proyectos de infraestructura (especialmente el tren maya) interpuestos por asociaciones civiles financiadas desde la derecha y hasta por el Gobierno de los Estados Unidos.
En 2019 es designada la Ministra Yasmín Esquivel, ratificada por el Senado desde una terna enviada por AMLO, ella es esposa de José María Riobóo, asesor de AMLO y ex contratista del Gobierno de la Ciudad para la construcción de los segundos pisos del periférico. La ministra afrontó una campaña mediática de calumnias por presuntamente por plagiar su tesis durante el cambio de la presidencia en la Corte para afectar su imagen, situación que logró revertir jurídicamente pero quedó en evidencia el contubernio de los medios corporativos al servicio del poder económico y el grupo conservador de la SCJN para imponer en la presidencia a la Ministra Norma Piña, misma que se convirtió en miembro de la Corte por medio de una terna enviada por Peña Nieto a pesar de tener una pésima evaluación dentro del Poder Judicial exhibida por el entonces senador Armando Ríos Piter.
En ese sentido, otra designación abiertamente de carácter político fue cuando AMLO envió a la Dra. Loretta Ortiz desde la Consejería Jurídica de la Presidencia a contender en la terna y posteriormente convertirse en Ministra de la Suprema Corte desde el 12 de diciembre de 2021, personificando una segunda aliada de la 4T al interior de la Suprema Corte.
Es evidente que los Ministros están ligados a grupos políticos, tanto la 4T como el viejo régimen han colocado a sus allegados en la SCJN. Otro ejemplo claro es el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, primo hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y descendiente del connotado priista y expresidente del Banco de México, Antonio Ortiz Mena.
La autonomía del Poder Judicial NO EXISTE, de los 11 ministros, ocho de ellos han conformado un bloque conservador encabezado por la presidente de la corte, Norma Piña, respaldada por los Ministros Laynez, J.M. Aguilar, Gutiérrez Ortiz-Mena y Pérez Dayán. Ellos, desde el Poder Judicial detuvieron la reforma política-electoral, argumentado un mal proceso legislativo por la falta de dictaminación de las comisiones, trabajos legislativos que los partidos de oposición impidieron en los recintos parlamentarios, sin embargo, la misma situación sucedió en la reforma energética de 2013 cuando fue necesario también habilitar espacios alternos para la votación de las reformas constitucionales sin que la Corte interviniera.
¿Jueces y Magistrados por voto popular?
En ese contexto, AMLO plantea una reforma al poder judicial para que los jueces sean elegidos por medio del voto popular. La situación es tan revolucionaria que los mercados reaccionaron especulando con las inversiones y el tipo de cambio del peso frente al dólar.
Sheinbaum respondió con una reunión agendada por su asesora Altagracia Gómez con el director de Black Rock México para tranquilizar a los mercados. Vanguard y BR son las operadoras de fondos de inversión más grandes del mundo, dos monstruos financieros que rigen el sistema capitalista. De igual forma se planteó la permanencia de Ramírez De la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración de Claudia Sheinbaum para enviar un mensaje de estabilidad.
Sin embargo, el nerviosismo de los mercados se debe principalmente a que los jueces y ministros que conforman el poder judicial son empleados del poder económico por su carácter corruptible. Las empresas trasnacionales y el crimen organizado han sido los más beneficiadas con un sistema judicial moldeable al dinero.
En México existen miles de presos sin sentencia en las cárceles, además de miles de presuntos inocentes cumpliendo condenas sin acceso a la justicia. La realidad es que el sistema de justicia en México debe ser sometido a una reforma profunda que incluya la disolución de la SCJN y se proceda a la conformación de nuevos lineamientos para la supervisión ciudadana del poder judicial.
Duele decirlo, pero la justicia en México NO EXISTE, esa es la realidad y el denominado segundo piso de la transformación respaldado por 36 millones de mexicanos en las urnas exige una renovación del Poder Judicial porque la corrupción imperante del viejo régimen está enquistado en todos los juzgados del país, incluyendo al máximo tribunal de justicia.
¿Puede construirse un verdadero Poder Judicial Autónomo e Incorruptible?
Claudia Sheinbaum convocó a un Parlamento Abierto para construir colectivamente una reforma al Poder Judicial por medio de consensos académicos, sin embargo, la gran disyuntiva es si el país es capaz de construir la autonomía e incorruptibilidad de un poder judicial que nació al servicio del presidencialismo mexicano.
En síntesis, para aniquilar al viejo régimen de corrupción se necesita inevitablemente una reforma al poder judicial, sin embargo el «cómo» es trascendental para garantizar una transición ordenada que garantice la operatividad de las instituciones de justicia por medio de nuevas generaciones de profesionales de las ciencias jurídicas capaces de afrontar el reto y tomar el toro por los cuernos en la transformación del sistema judicial.
No queremos que suceda lo mismo que pasó con el «seguro popular» que fue eliminado sin un plan para sustituir la tercerización de los servicios médicos hacia privados para la realización de cirugías y tratamientos que eran sub-contratados como una modalidad de negocio vinculados a los actores políticos corruptos que hacían negocio con la salud pero al eliminar el programa se entró en un vacío institucional del INSABI-IMSS que no pudo absorber todos los servicios de salud, situación que terminó por finiquitar al INSABI para dar paso al proyecto del IMSS Bienestar que busca centralizar bajo el orden federal los servicios de salud.
Además en un escenario desesperado, la SCJN podría desafiar al régimen lopezobradorista por medio de la invalidación de la elección presidencial a través de un proceso judicial que fue advertido por el propio López Obrador como una amenaza al orden democrático por parte del bloque conservador de la Suprema Corte.
En conclusión, nadie quiere una confrontación institucional de poderes pero el gran reto es verdaderamente construir un sistema de justicia con jueces al servicio de la nación que terminen con la era de corrupción del PRIAN que pudrió el sistema judicial y también las fiscalías deben incluirse en esa reforma de gran calado por el bien del país.
Realidades Quintana Roo 